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Barranquilla, 1 de junio de 2021.- Luego de que la Procuraduría General de la Nación anunciara la apertura de indagación preliminar buscando responsabilizar a la Policía Nacional Antinarcóticos  por la presunta salida de una aeronave desde la base antinarcóticos de la Policía en el aeropuerto de Guaymaral con un cargamento de clorhidrato de cocaína, este es el caso de la aeronave propiedad de la cual es socio el esposo de Alejandra Azcarate, a lo que Antinarcóticos respondió, en un comunicado de prensa al el órgano de control luego de que antes de notificarlos hicieron pública la información que el aeropuerto de Guaymaral es un complejo administrado por la Aeronáutica Civil y que no es de la Policía.  Antinarcóticos, asegurando además que no han sido notificados por la Procuraduría de investigación en su contra.

La acción disciplinaria de la Procuraduría se inició luego de que el pasado 23 de mayo autoridades  incautaran en el aeropuerto El Embrujo de la isla de Providencia, una aeronave avioneta C-90 que contenía un cargamento de aproximadamente 446 kilos de clorhidrato de cocaína y 102 millones 752 mil de pesos que salió del aeropuerto de Guaymaral.

De igual forma, explican que Guaymaral “está constituido por hangares privados y de empresas de instrucción, y en el que también funciona la Compañía Antinarcóticos de Aviación de la Policía Nacional, lo que no implica que el aeropuerto en sí mimo sea una base de la Institución”.

 Precisa Antinarcóticos que la aeronave partió desde el hangar de una empresa privada , y no desde el hangar asignado a la Policía.

Y finalmente, Antinarcóticos reitera que están atentos a atender de manera oportuna los requerimientos realizados por las autoridades judiciales y disciplinarias.

Por otro lado la Procuraduría dijo inicialmente que con esta actuación el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de  responsabilidad.

Para tal fin la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial ordenó la práctica de pruebas con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos e individualizar a los presuntos responsables o partícipes en estos.