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Activistas extranjeros pro Petro quieren perturbar la elección del domingo. Por: Eduardo Mackenzie

Si el CNE (Consejo Nacional Electoral) invitó a la llamada “Internacional Progresista” (no confundir con la Internacional Socialista) a incursionar en Colombia para ejercer una labor de “observador” de las elecciones legislativas y presidenciales de este año, las autoridades de tutela deberían retirar inmediatamente esa autorización pues la Internacional Progresista está en la imposibilidad de comportarse de manera imparcial en dicho proceso electoral.

La IP trata de jugar un papel de “observador” para hacer todo lo contrario: agitación callejera e infestación de relatos de odio en los medios, en favor de un solo candidato: Gustavo Petro. La IP intervino en Perú en favor del candidato comunista Pedro Castillo y en Honduras en favor de Xiomara Castro. En un artículo de ayer, en el que anuncia que entrará gente a Colombia como “observadores”, la IP acusa al gobierno colombiano de ser “cómplice” de una “campaña amplia de exterminio” de “líderes de movimientos sociales”.

El artículo oculta la responsabilidad de las bandas narcoterroristas Narcotalia, Farc-disidencias, ELN, en la matanza de ex guerrilleros desmovilizados de las Farc, por venganzas y rivalidades en el reparto de dineros de la minería ilegal y del tráfico de drogas.

Nada distinto pueden esperar las autoridades de Colombia de ese tipo de cofradía fanática. La presunta “Internacional Progresista” no es más que un grupo de políticos agrios y activistas de extrema izquierda. La IP fue fundada hace poco, en mayo de 2020. Muy bien financiada aunque de manera obscura, la IP pretende dedicarse a trabajar por el “flujo de ideas positivas” es decir por la prédica anticapitalista y anti democracia liberal. Su principal padrino es el senador norteamericano Bernie Sanders, frustrado ex candidato presidencial. Sanders se presenta unas veces como “socialista” y otras como “demócrata socialista”.

En cuanto al CNE, su labor consiste, según sus estatutos, en “Impulsar […] la eficiencia y eficacia del sistema electoral en nuestro país, para garantizar la participación equitativa y soberana de todos los colombianos” y lograr la “transparencia de los eventos electorales”. El CNE al invitar a un grupo extremista extranjero a disfrazarse de “observador electoral” viola las atribuciones que le ha conferido la ley. Tal incidente merece la apertura de una investigación de la Procuraduría Nacional.

Que neutralidad podría ofrecer una agrupación dirigida por personajes tan controvertidos como Baltasar Garzón, ex juez condenado a 11 años de inhabilitación y expulsado en 2012 de la carrera judicial por el Tribunal Supremo español. O por Jeremy Corbyn, quien fue expulsado del grupo parlamentario laborista, en octubre de 2020, tras una investigación que culminó con un demoledor informe independiente sobre su antisemitismo. Como si fuera poco, medios ingleses, como The Times, afirman que, según los archivos, Corbyn fue informante de los servicios secretos soviéticos y checoslovacos durante la Guerra Fría.

La IP en su artículo de ayer comete un acto de difamación pública contra el Estado colombiano que podría ser objeto de una sanción penal. Allí afirma que el asesinato de dos líderes campesinos, Teófilo Acuña y Jorge Alberto Tafur, el 22 de febrero de 2022, en el municipio de San Martín, Magdalena Medio, fue un acto más de “la guerra sucia del Estado colombiano”. Tal afirmación es improbable. Ningún partido, ni asociación, ni sindicato, ni siquiera el partido Comunes (ex Farc) acusó al Estado de haber cometido tal acto. En cambio, sin la menor investigación previa, y sin tener siquiera un testigo, la IP y una asociación llamada “Federación Agrominera del Sur de Bolívar” acusaron a “la policía, al alcalde de San Martín” y a un civil de nombre Wilmer Díaz, de haber “hostigado” y “amenazado” a las “comunidades campesinas”. Ignorando o callando quien o quienes fueron los autores del doble crimen, la citada “Agrominera” no se priva de concluir: “El estado colombiano (sic) sigue avanzando en su acción genocida contra el movimiento campesino de Colombia”, etc, etc.

La IP ocultó que la Fiscalía General “destacó a un grupo de fiscales, criminalistas y forenses para investigar y esclarecer ese doble crimen” (1). Y que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez deploró ese asesinato y pidió a la justicia “priorizar las investigaciones para esclarecer el caso”. Ella afirmó, el 23 de febrero, que ese asesinato “corrobora el interés de grupos obscuros por afectar la estabilidad y el progreso de Colombia”.

¿Cómo un obscuro organismo como la IP, experto en diseminar propaganda insidiosa contra las democracias, como la que acabamos de ver, pudo haber sido invitado a entrar a Colombia y aparecer allí en medio de la crucial campaña electoral disfrazado de “observador electoral”?

La abusiva injerencia del grupo IP debería ser impedida con la expulsión de los falsos “observadores” para garantizar a todos los candidatos un tratamiento igual sin ventajismos para solo uno de ellos. Si el proceso electoral colombiano quiere ser respetado debe hacerse respetar.

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