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Abogado involucrado en desfalco al Magisterio por $32 mil millones en Córdoba, aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía

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Barranquilla, 21 de marzo de 2017.- La Fiscalía informó este martes que ante un juez de control de garantías de Bogotá, el abogado civilista Guillermo Rhenals Nova aceptó ser el responsable de los delitos de falsedad en documento privado y documento público por los hechos que rodearon el cobro de pensiones irregulares al Magisterio por cerca de 32 mil millones de pesos.

La Fiscalía lo investiga como determinador de prevaricato por acción y coautor de peculado por apropiación.

Afirma la Fiscalía General de la Nación, que Rhenals Nova, como apoderado del Ministerio de Educación Nacional y de la Fiduprevisora ─entidad administradora de estos recursos estatales─ participó presuntamente en la falsificación de cerca de 1.619 documentos privados y 5.828 documentos públicos para hacer las reclamaciones.

Explicó la Fiscalía que Guillermo Rhenals Nova, figura como apoderado de cientos de maestros que reclaman millonarios reajustes pensionales en el Juzgado Civil de Lorica (Córdoba), pretensiones calculadas en más de $220.000 millones.

“Mediante procesos ejecutivos laborales, autenticaciones, resoluciones y falsos poderes se reconocían los ajustes pensionales que conllevaron al embargo de cuentas del Fondo y de la Fiduprevisora”, sostuvo el fiscal del caso.

Dentro de las mismas investigaciones, en febrero de 2013, su hermano Gustavo Rhenals Nova, Robert de Jesús Montes López y Daniel Eduardo López Palencia aceptaron su responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado y documento público. Guillermo Rhenals Nova permanece recluido en la cárcel La Picota en Bogotá.

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Es importante señalar también el avance de la Fiscalía en el caso de corrupción en el departamento de Sucre, referente al llamado cartel de los enfermos mentales al que el Juzgado 4to Penal Municipal de Sincelejo, con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra 4 personas, este viernes 17 de marzo.

Se trata de José Jorge Madera Lastre, ex secretario de Salud; Samir Gregorio Será Álvarez,  líder de auditoria Secretaría de Salud Departamental Sucre; Luis Alberto Fadul, representante legal de la Fundación Nuevo Ser, y Ronaldo Herazo Bertel, contador público personal del exgobernador Julio César Guerra Tulena.

Asimismo, fueron cobijados con medida de aseguramiento pero en el lugar de residencia Ernesto Bladimir González, representante legal de la Clínica Nuevos Amaneceres y quien aceptó cargos, y Efraín Jesús Suárez Arrieta, ex secretario de Salud departamental.  A este último se le impuso esta medida por enfermedad grave.

La Fiscalía General de la Nación investiga la presunta apropiación de cinco mil millones de pesos ($5,000.000.000) pagados durante los años 2012-2015 a través de resoluciones que estaban fundadas en documentos falsos, los cuales registraban la prestación de servicios hospitalarios a pacientes mentales que no padecían tal enfermedad.

Los médicos tratantes que aparecían registrados en las órdenes señalaron a las autoridades que no tenían contratos vigentes con las dos IPS investigadas y beneficiadas con los pagos, es decir, la Clínica Nuevos Amaneceres y la Fundación Nuevo Ser.

Igualmente, se detectó que los sellos usados no correspondían a los profesionales médicos relacionados en las órdenes, la literatura médica tampoco contaba con algún rigor científico puesto que a todos los pacientes se les ordenaban el mismo tratamiento y medicamentos, y su evolución clínica era similar.

Los implicados son investigados por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y concierto para delinquir.

Por estos hechos también fueron llevados a audiencia pública Nayibe del Carmen Padilla, secretaria de Salud de Sucre, quien al parecer proyectaba resoluciones que posteriormente eran firmadas por el gobernador. Ella se entregó a las autoridades  el 13 de marzo último y, tras su judicialización dos días después, el juzgado le impuso medida de aseguramiento domiciliaria, la cual fue apelada por la Fiscalía.

Por su parte Nadin Farrah Arrieta, auditor concurrente de la Secretaría de Salud Departamental de Sucre, también se entregó a las autoridades el 15 de marzo de 2017 y se legalizó su captura. En los próximos días el juez de garantías decidirá si se impone o no la medida de aseguramiento solicitada.

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