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Barranquilla, 10 de diciembre de 2017.- La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el proyecto de ley 319 de 2017, a través del cual se busca establecer la regulación, restricción, prohibición de la producción, comercialización, exportación, importación y distribución de productos y materias primas que puedan ser nocivas a la salud.

Con este proyecto se busca la coordinación armónica de las entidades del Estado para tomar las medidas socioeconómicas necesarias que protejan y compensen a los territorios, trabajadores y empresarios cuando el Gobierno Nacional decida aplicar sus competencias respecto al uso de materias primas o sustancias que representen algún grado de nocividad.

Sin crear burocracia ni generar cambios en las competencias del Ministerio de Salud y Protección Social, el proyecto afianza la competencia para adelantar las investigaciones, estudios nacionales e internacionales y monitoreo de dichas sustancias, según los niveles de riesgo.

Al respecto de la aprobación de este proyecto el autor de la iniciativa,  el senador Álvaro Uribe, señaló que “este es un proyecto general sobre todas las sustancias que pueden generar peligro. No  está afectando la competencia del Ministerio de Salud se mantiene intacta, se le está poniendo es la coordinación de varias entidades, a que dé informes de las diferentes investigaciones que está adelantando, sobre lo que está pasando con la comunidad científica nacional e internacional. Razón por la cual este proyecto contempla que el Gobierno Nacional rinda informes al Congreso de la República al comienzo de cada legislatura sobre el avance de las investigaciones y estudios que se encuentren realizando en los casos de sustancias detectadas como nocivas para la salud pública colectiva”.

La representante Esperanza Pinzón, ponente de la iniciativa, explicó: “la idea es que a través de este proyecto se logre realizar un trabajo unificado de varias entidades para que no realicen acciones aisladas, todo esto en beneficio de la salud de los colombianos”.

“Esperamos continuar con el apoyo de nuestros compañeros de Cámara para que esta iniciativa pueda hacerse realidad”, añadió Pinzón.

El siguiente es el texto de la intervención del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez en la Comisión Séptima de Cámara sobre el proyecto.

“El artículo segundo, por el cual pregunta el doctor Rafael Romero, es un artículo nuevo que se introdujo para buscar una coordinación, no una estructura burocrática, sino una coordinación de instituciones del Estado que tienen que ver con el tema, pero además con el apoyo de las instituciones científicas, es lo primero que quisiera aclarar.

Argumentó además que a pesar de que se diga que es un proyecto insulso, no es cierto tampoco que busca ponerle freno al proyecto de prohibición de asbesto, a otro de plomo, etcétera. Sin embargo la Comisión Séptima aprobó por unanimidad el proyecto específico de prohibición del asbesto, que tiene una transición de cinco años. Por lo que ese proyecto entre a regir si, seis meses después de haberse, de haber ingresado a su vigencia, el Gobierno Nacional  no ha ejercido la competencia que le da la Ley Novena de 1979.

Aclaró, que si se aprobara este proyecto, este es un proyecto general sobre todas las sustancias que puedan generar peligro, el proyecto del asbesto es un proyecto específico, en nada mata este proyecto el del asbesto, porque la Ley 153 del 87 expresa que la norma específica se aplica de preferencia sobre la norma general.

Afirmó igualmente que con esto no se está afectando la competencia del Ministerio de Salud, se mantiene intacta, se le está obligando al Ministerio de Salud, a ese programa de coordinación con varias entidades, y a que informe al Congreso de la República sobre las diferentes investigaciones que está adelantando,

Denunció que uno de los problemas es que hay legislación que no la aplican, en este caso el Ejecutivo ha tenido competencias, pero no la aplican. Añadió que hay un factor que ayuda en el control político que es decirle: Ministerio, usted nos informa sobre los estudios, sobre lo que está pasando con la comunidad científica nacional e internacional, etcétera.

Ese artículo que habla de la comunidad científica, que es el sexto, fue consensuado en la plenaria del Senado con el senador Jorge Iván Ospina, con él que se ha trabajado muy de cerca este tema, y él lo encontró correcto, prácticamente él fue quien redactó esa proposición que les pareció lógica.

Añadió que en el caso de una mina de asbesto siempre se propuso, que por ser la única que hay en el país, ubicada en Campamento, Antioquia si se trata de cerrarla que la cierren, pero hay que ayudarle a ese municipio, en un programa de readaptación laboral a esos  trabajadores, ayudar a ver si esos trabajadores pueden reencontrar otra fuente de empleo que les permita la pensión, etcétera.

“O sea que aquí hay algo que no está en la Ley actual que es este artículo séptimo, la atención a quienes hayan sido víctimas del producto que se suspende, el periodo de transición, el tema de informar a la comunidad, brindar las garantías de indemnización, readaptación y orientación de reubicación  de trabajadores  y sustitución de empresas  o de industria”, porque no se puede llegar donde han tenido una mina de tantos años, que se ha convertido en la principal fuente de subsistencia de un municipio, a cerrarla, que si por razones de salud pública hay que cerrarla sin tener unas consideraciones con ese municipio y con esos trabajadores, añadió textualmente. .

Entonces, a nosotros si nos parece que el proyecto  agrega, no crea estructuras burocráticas, no afecta  la competencia del Ministerio de Salud, le da toda la receptividad a la comunidad científica nacional e internacional para que el Gobierno, ese equipo de trabajo de las diferentes instituciones al valorar lo que diga la comunidad científica nacional e internacional, entonces defina si restringe, regula o suspende  o prohíbe una determinada materia, un determinado insumo, una determinada materia prima, una determinada materia sin elaboración, sin adhesión de contenido, sin adición de valor.

Finalmente aseguró que el proyecto no afecta proyectos específicos como el que viene de asbesto y el proyecto no afecta la competencia del Gobierno. Además le da fuerza al tema de la comunidad científica nacional e internacional y también se ocupa de los municipios o trabajadores que llegaren  a estar afectados. “Y dice: sugieran cuáles son  las materias primas sustitutas, los estudios también deben decirlo, es normal en las ciudades, en las comunidades que quieren industrializarse, esta materia  prima no se puede utilizar, se puede sustituir por esta otra y si la nueva tiene… no es de prohibirla, la autoriza, pero tiene riesgos también el Gobierno de acuerdo con este proyecto tendría que dar  las indicaciones o tendría que dar las advertencias de riesgo y el reglamento de uso”. Por todo lo anterior Uribe para concluir dijo que acudía a la Comisión para ver si es posible la aprobación del proyecto que fue consensuado con las diferentes bancadas en la Comisión Séptima y en la plenaria del Senado.