Votan unánime en Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara el proyecto de ley que fortalece las funciones sancionatorias de la Superintendencia de Salud
- CONGRESO
Este miércoles, comisiones conjuntas de Cámara y Senado, en bloque, dieron vía libre al proyecto que busca fortalecer capacidad sancionatoria de la Supersalud.
La próxima semana el proyecto pasa a plenarias de Cámara y Senado y de ser aprobado, a sanción presidencial, para convertirse en Ley de la República de 2018.
Supersalud contará con las herramientas necesarias para luchar contra la corrupción y la mala prestación del servicio.
Barranquilla, 5 de diciembre de 2018.- – Las comisiones séptimas conjuntas de Cámara y Senado, aprobaron este miércoles el proyecto de Ley 198 de 2018, que le da a la Superintendencia de Salud las facultades necesarias para actuar con severidad frente a los casos de abuso y violación en la prestación del servicio de salud, robusteciendo las capacidades de inspección, vigilancia control que tiene la Superintendencia de Salud, como herramienta fundamental para combatir la corrupción y garantizar un eficiente y oportuno servicio de salud a los colombianos.
Según el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, el respaldo unánime de los congresistas que integran las comisiones séptimas de Cámara y Senado, donde hay representación de 13 partidos, demuestra que la salud no tiene un color político y que, por el contrario, es un tema de interés nacional sobre el que apremia una intervención más profunda y severa. El proyecto de ley que lleva mensaje de urgencia del Gobierno Nacional, busca el fortalecimiento de la capacidad sancionatoria de la Supersalud.
Este fortalecimiento gira entorno a tres grandes áreas:
1. El endurecimiento de las medidas de control, con multas a las EPS e IPS, que oscilan entre 200 y 8000 para personas jurídicas y entre 50 y 2000 salarios mínimos para personas naturales. Estás serán impuestas cuando se afecte el derecho a la salud de los colombianos. Adicionalmente, se otorga la posibilidad de quitarle el permiso de funcionamiento a las EPS, temporal o permanentemente cuando se presenten incumplimientos que pongan en riesgo la vida de los pacientes.
Por otra parte, se establece la posibilidad de prohibir a los gerentes de las EPS’s, para que trabajen en alguna entidad prestadora de salud pública o privada, hasta por 15 años, cuando su conducta atente contra la estabilidad del sistema.
2. Adopción de nuevas facultades de inspección, vigilancia y control, a través del establecimiento de “nuevos límites a los procesos de reorganización para garantizar un correcto flujo de recursos y el pago de acreencias con los otros actores del sistema, de manera que no se diluyan las responsabilidades adquiridas por la entidad solicitante, particularmente, cuando se encuentran sometidas a una medida especial.”
De otro lado, se faculta a la Superintendencia para emitir instrucciones contables a sus sujetos vigilados, respecto del reconocimiento, presentación y revelación de los estados financieros, en cumplimiento de los marcos técnicos normativos de contabilidad e información financiera.
3. Especializa y concentra funciones, de tal forma que, se ajusten ciertas competencias que no corresponden propiamente con el objeto y las atribuciones que desempeña la superintendencia, cómo los conflictos derivados del reconocimiento y pago de las prestaciones económicas que actualmente conoce en desarrollo de la función jurisdiccional, así como, los procesos de reintegro de recursos provenientes de la ADRE, haciendo más eficiente la gestión de la Superintendencia en sus actividades misionales.
“Esperamos que este proyecto de gran importancia para la salud de los colombianos sea aprobado en los próximos días en sesión plenaria y así comencemos a implementar las medidas aquí descritas que mejorarán la prestación de los servicios de salud en el país y combatirá la corrupción presente en este sector”, aseguró el senador Honorio Henríquez, ponente y autor de la iniciativa.
La próxima semana este proyecto de ley, que ya tuvo un respaldo en bloque de las comisiones séptimas de Cámara y Senado, pasa a segundo debate en plenarias en las dos corporaciones y finalmente a sanción presidencial para convertirse en Ley de la República, antes de que finalice el 2018.
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