COLUMNISTAS

Hoy hace 33 años los terroristas del M-19 asaltaron el Palacio de Justicia, en una acción criminal, genocida y despiadada. Fallecieron 94 personas entre magistrados, militares, funcionarios, guerrilleros y particulares.

Decía Juan Pablo II en su visita a Colombia, ocho meses después, que la responsabilidad de la violencia en nuestro país recaía en las clases dirigentes, lo que vulgarmente llamamos las oligarquías, y los grupos guerrilleros al margen de la ley. Lo que no nos imaginábamos era que esos dos disímiles grupos estaban unidos en sus propósitos. Solo logramos entenderlo en el gobierno anterior, el que terminó el pasado 6 de agosto.

El recuerdo de las víctimas del Palacio de Justicia no solo se ha diluido, sino que se ha trastornado, por cuenta de la mayoría de los medios de comunicación. La prensa recuerda los magistrados muertos, y eso está bien. Los militares y policías honran a los 11 miembros de la Fuerza Pública caídos en esa acción. Muy bien. Pero a nadie le importa, ni le ha importado en tantos años, que pasó con los 18 funcionarios judiciales y siete no judiciales, asesinados en esa ocasión por el M-19, ni le ha importado la muerte de inocentes visitantes ocasionales.

Durante muchos años y con el cuento de unas “personas desaparecidas”, toda la atención del morbo de nuestros medios, se centró en ellos por una sola razón: porque era la forma de culpar a los militares de los crímenes cometidos por el M-19, para exculpar a estos últimos. En la medida en que se fue comprobando que esas personas no fueron desaparecidas, sino que estaban muertas a manos de los asaltantes, y que las habían inhumado en las tumbas de otras personas, el interés de los comunicadores desapareció. “Es que si los mató el M-19, no es noticia”. La verdad no es el objetivo de la mayoría de nuestros medios, el objetivo es el morbo. Algún profesor de comunicación social decía a sus alumnos: “No dejen que la verdad les dañe un buen titular”.

No hubo el menor reato en declarar como Magistrado a un Abogado auxiliar de la Corte, con el solo propósito de inculpar a algunos mandos militares, de su magnicidio.

Y al final, el balance es desolador:

– Los miembros del grupo terrorista M-19 que fueron los asaltantes, genocidas y responsables de delitos atroces en esa ocasión, no solo quedaron impunes de semejantes barbaridades, sino que además fueron premiados con las más altas dignidades de la nación: Alcaldes, Gobernadores, Magistrados, Senadores y Representantes, Diplomáticos etc.

– Los terroristas y narcotraficantes lograron el objetivo de asesinar a los más destacados juristas de la historia de Colombia, a los incorruptibles, a los que sin dejarse atemorizar iban a enviarlos extraditados a los Estados Unidos. Lograron reemplazarlos por otro tipo de jueces.

– Los comandantes de las tropas en aquella ocasión, fuimos perseguidos, encarcelados, nuestras familias tuvieron que abandonar el país en unos casos o someterse al nuevo desorden nacional en los otros. De nada valió rescatar a 263 rehenes de mandos de los asaltantes. Nadie nunca reconoció semejante sacrificio.

– Vimos a algunos hijos de víctimas de ese doloroso holocausto, atacar a los defensores de sus padres, esposos o familiares, favoreciendo con esa poco inteligente actitud a sus victimarios, a quienes los hirieron o asesinaron.

– Los colombianos se preguntan ¿qué hace el General Arias Cabrales, comandante de la Operación de recuperación del Palacio, en la cual expuso hasta su propia vida por la libertad de los demás, privado de la libertad? Mientras tanto, uno de los planeadores de ese horrible genocidio fue candidato presidencial, y ha ocupado las más altas dignidades de la nación, burlando la constitución y las leyes de la república: el castigo al que obra bien y el premio al más espantoso crimen. ¿Qué futuro puede tener una nación que se comporta en esa forma?

Colombia necesita un cambio de estructuras, pero no como sucedió en 1991, cuando el ordenamiento jurídico consagrado en la Constitución Política mas eficiente y antigua de Latinoamérica fue destruido, y reemplazado por una colcha de retazos que solo favoreció a los peores hijos de este país. Más de la mitad de esa barahúnda de normas apiladas por una Asamblea Constituyente cuyas mayorías eran delincuentes amnistiados o indultados, ha tenido que ser cambiada.  Alguien decía por entonces “bienvenidos al futuro”. Lo que no sabíamos era que se trataba de un futuro en manos del crimen organizado.

El cambio estructural que requiere Colombia estriba en el reemplazo de la dirigencia política, corrupta, comprometida con los más oscuros intereses, creadora y patrocinadora de grupos terroristas para mantenerse en el poder, dueña de los medios de comunicación social que desinforman al pobre pueblo con el mismo propósito.

No podemos seguir con un grupo de dirigentes, que llaman al servicio militar de la nación a lo mejor de la juventud colombiana, para enfrentarlos a los terroristas y narcotraficantes, exponiendo su vida que muchos la pierden, recibiendo terribles heridas y mutilaciones, para luego encarcelarlos, humillarlos, empobrecerlos, mientras que le entregan las mieles del poder a los integrantes del crimen organizado.

Colombia necesita una revolución: la revolución de las gentes de bien. Una revolución sin muertos ni daño en bien ajeno, una revolución de ideas y comportamiento, una revolución del intelecto, una revolución de jueces justos, de comunicadores objetivos que busquen la verdad. Una revolución que ame al soldado, así como el soldado ama a su patria hasta perder su vida. Una revolución que lleve al congreso nacional a los mejores ciudadanos. Una revolución con educadores que enseñen comportamiento y no marxismo.

¡Una revolución en donde aparezca en todas partes el nombre de Dios!