COLUMNISTAS, INVESTIGACION

Segunda parte: el proceso de privatización de las electrificadoras en el Caribe

Por: Jorge Vergara Carbó

termorioAntes de tomar la decisión de privatizar las electrificadoras en el año 1.998, se montó una planta privada en la ciudad de Cartagena, concretamente en Mamonal de 100 MW(1.994), llamada Pro eléctrica nombrando como su primer gerente e impulsador del proyecto al ingeniero eléctrico William Murra Babún, cuya planta tenía como fin venderle la energía y la potencia necesaria a 20 empresas de Mamonal, quienes eran los principales clientes de Electribol, empresa que era dirigida por el mismo William Murra quién renunció para desarrollar el proyecto de los empresarios privados de Cartagena.

Esto fue un duro golpe, para las finanzas e índices de gestión de Electribol debido a que perdió de un solo golpe a su principal mercado. Electribol paso de ser catalogada como la mejor electrificadora del país, a una de las peores por el solo hecho de perder a su mercado industrial y quedarse con el mercado residencial y el pequeño y mediano industrial y comercial. Su estructura de mercado cambio sustancialmente incidiendo en sus índices de gestión y por supuesto en sus resultados financieros.

Esto demuestra claramente que la pérdida del mercado de la gran industria y de las grandes superficies comerciales tiene una incidencia en los resultados técnicos, administrativos y financieros de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía. No entender esto conlleva necesariamente a una toma de decisiones erradas. Electribol paso de pérdidas de energía del 8%, en el año 1.994, a niveles de pérdida del 32% en el año 1.995, y su cartera también varió sustancialmente al pasar de niveles del 95% al 85%.

Cambio de la estructura del mercado en  la región caribe debido a la ley eléctrica

La estructura de mercado que tenían las electrificadoras de la Región Caribe cambio sustancialmente al aprobar  en la ley eléctrica que los industriales grandes y medianos como las grandes y medianas  superficies  de comercio compraran su energía acordando el precio con los comercializadores (generadores) por una parte y a la liberación que se dio en la autogeneración debido al apagón del año 1.992.

jorge-vergaraLo que demuestra que el problema de las electrificadoras de la Región Caribe no es debido a que ellas no generan, sino se debe a su estructura de mercado actual que es básicamente residencial concentrada el 80% en los estratos más bajos. Cambios que se dieron en la aprobación de la ley eléctrica al permitirle a la gran industria y grandes superficies de comercio (usuarios no regulados) con una demanda máxima superior de  2 MW, comprar la energía y potencia en el mercado mayorista mediante precios acordados .En el año 1.997, se bajó el requisito de no regulado a 1MW, cifra que se modificó en 1.998, a 0.5MW de potencia y 270 MWh-mes de energía y actualmente se exige 0.1MW o 55MWh-mes promedio de energía. Lo anterior significo modificaciones en el valor de la tarifa de la gran industria y grandes superficies de comercio al pasar la tarifa en el año 1.995, que  le pagaban a las electrificadoras de $150 pesos el kilovatio a un precio que oscilaba entre $30 y $50 pesos el kilovatio. Hoy el precio promedio de los contratos con los no regulados está cercano a los $200, el kilovatio. El precio promedio  en la bolsa de energía a junio de 2.018, fue de $75.36, debido a que los embalses tienen una capacidad superior al 70%.

Termorío y Termocandelaria

Otro generador independiente que se montó en Bolívar, en el año 2.000, fue Termocandelaria, ubicada en la población que lleva su nombre centrado en vender  su energía al mercado mayoritario de energía, impulsada por el exministro Orlando cabrales,  quién aprovecho su cargo para incluir esta planta en el despacho de energía en contra de la planta que habían propuesto inversionistas privados a Electranta  “Termorío”  desde el año 1.998. Proyecto que no se pudo realizar por las trabas que le impuso el Ministro de Minas y Energía de ese entonces el señor Orlando cabrales, lo que implico demanda por parte de los inversionistas al gobierno que ganaron en el Tribunal  Internacional de Arbitramento de París, pero que después perdieron ante el Consejo de Estado por unos US$61 millones. El abogado de Termorío fue el controvertido Fernando Londoño Hoyos.

Los impulsores de Termorío fueron condenados al igual que el Superinetendente de Servicios Públicos Domiciliarios de ese entonces  Enrique Ramírez Yáñez, su funcionaria Marlen Valderrama y el abogado de la Super Danilo  Zuluaga. Por parte de Electranta  su gerente Antonio Holguín, quien salió huyendo del país sin pagar un día de cárcel y Rodolfo Plata gerente de Termorío. Con este proyecto  pretendía  Electranta generar su propia energía y los excedentes poder venderlos en el mercado mayorista de energía, al no realizarse limito aún más a esta empresa que a raíz de la ley eléctrica perdió al igual que Electribol el mercado industrial y comercial de la ciudad de Barranquilla, soledad y otros municipios. Quedando con una estructura de mercado similar a las de las otras electrificadoras de la Región Caribe cuyas sedes cuentan con un mercado industrial y comercial muy limitado.

El proceso de privatización de las electrificadoras caribeñas

Dado los problemas que desde los años 95, venían presentando las electrificadoras y tratando de buscarle una solución a dicha problemática un grupo de parlamentarios caribeños especialmente integrantes de la Comisión Quinta del Senado, le propusieron al gobierno de Ernesto Samper de entregarle el manejo de las electrificadoras a una Fiduciaria quién se encargaría de seleccionar un personal idóneo para administrar  esas empresas, pero a esa propuesta se opusieron el Ministro de Minas Orlando cabrales y la directora del DNP “Cecilia López” quienes abogaron ante Samper para que privatizara las electrificadoras  que estaban en ese entonces intervenidas por la Superservicios con personal nombrado por esa entidad para dirigir a las distintas electrificadoras , tesis que próspero y dio pie para buscar el operador privado mediante la venta de sus  activos en un proceso de subasta.

Antes de la privatización (venta de los activos) las electrificadoras fueron intervenidas por la Superservicios administrándola con personal de esa entidad en Electranta estuvieron  Blanca Doris García Giraldo una caldense, Pedro Aguirre cienaguero  y uno de apellido Argumedo, con unos resultados desastrosos. Esta decisión se tomó por el incumplimiento en los pagos por parte de las electrificadoras al mercado mayorista,  ya que esas empresas ante la imposibilidad de poder negociar con los generadores contratos a largo plazo, fueron obligadas a comprar en bolsa la energía cuyo precio se disparó con el fenómeno del niño (verano de 1.997), ante el incumplimiento de sus obligaciones en la Bolsa en marzo de 1.988, la Superintendencia de Servicios Públicos tomo posesión de sus activos y entro a operarlos con personal propio, reemplazando a los gerentes de cada una de las electrificadoras de la Región Caribe.

Buscando la operatividad de las electrificadoras caribeñas, el gobierno hizo una reestructuración administrativa entregándole el mercado a dos empresas nuevas “Electrocosta” que atendería a los Departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre y “Electricaribe” que manejaría los Departamentos del Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira encargadas de la distribución y comercialización de energía.

Como resultado de la división anterior, el gobierno decide capitalizar las empresas mediante una subasta pública que se realiza en el Hotel del Prado de Barranquilla con la presencia del Ministro de Minas y Energía “Orlando Cabrales” y la directora del DNP “Cecilia López”, en el mes de agosto de 1,998. Subasta donde solo se presenta un oferente integrado por el consorcio Houston Industries y la Electrificadora de Caracas, quienes compraron el 65% de los activos por una suma aproximada de US$900 millones. El 35% restante siguió en manos de las electrificadoras y Corelca.

Paralela a esta decisión, se determinó liquidar cada una de las antiguas electrificadoras procediendo la Superservicos a nombrar los respectivos gerentes liquidadores quedándose las empresas en liquidación con el manejo de la cartera y algunos contratos que consideraron los funcionarios de Corelca y de la Superservicios que no deberían traspasarse a los privados asumiendo la empresa en liquidación los costos de esos contratos que no se podían realizar porque  el objeto social se había transferido con los activos y  el pasivo laboral  a Electrocosta y Electricaribe. En las empresas en liquidación también se dieron en la mayoría malos manejos en la recuperación de la cartera y en la liquidación de algunos contratos, hasta el punto que uno de los gerentes de Electranta en liquidación termino preso. El senador en ese entonces Amylkar Acosta, hizo varios debates en el Senado sobre el tema y, en un artículo que escribió y título “El Coletazo de Temorío”, publicado en la revista América latina en Movimiento, “se reafirmaba en lo que había denunciado del saqueo descarado en connivencia con la propia Superintendencia la misma que  estaba llamada a controlar y vigilar el proceso de liquidación”

En vista que los Venezolanos que eran los que manejaban las empresas, vieron que los resultados no eran los mejores decidieron salirse del negocio para no seguir perdiendo plata y le vendieron en noviembre del 2.000,  por una suma aproximada a los US$500 millones a “Unión Fenosa” empresa de origen Español de una gran capacidad técnica y financiera.

Después de siete años de trabajo por parte de Unión Fenosa, se decidió fusionar a las dos empresas en una sola tal como lo solicitaba el sindicato que se diera la figura de unidad empresarial y por racionalidad en los gastos operativos, deciden en diciembre de 2.007, crear la empresa Electricaribe. Posteriormente, Gas Natural se fusiona con Unión Fenosa creando “Gas Natural Fenosa”. Después se dieron una serie de cambios en la propiedad de la empresa hasta el punto que hoy Gas Natural Fenosa, cambio de razón social y hoy el propietario es el grupo  español “Naturgy Energy Group S.A”.

En noviembre de 2.016, ante las reclamaciones de la comunidad por la mala prestación del servicio y por los problemas de caja de Electricaribe para poder cumplir los compromisos con el mercado mayorista de energía la Superintendencia decide  por segunda vez intervenir el manejo de Electricaribe y nombra a un gerente liquidador (Javier Lastra),sobre quién el periódico La Libertad se refirió en un editorial que se tituló “El Ratón Cuidando el Queso “y como sorpresa a un presidente de la compañía intervenida (Edgardo Sojo quién se desempeñaba como presidente del Intergremial del Atlántico y gerente del Plan Caribe 5)), igualmente contratan a una firma extranjera Tetra Tech, para que evalué el estado de las redes y de la operación de la empresa, cuando ya el sector eléctrico de la costa caribe está más que diagnosticado sobre el mal estado de las redes , se les olvido que  recientemente el Ministerio de Minas cuando lo desempeñaba Amylkar Acosta, contrataron a la especialista Carmenza Chaín , para que hiciera un estudio sobre la situación administrativa ,  financiera  y técnica de Electricaribe, estudio que sirvió de base para estructurar el “plan Caribe 5” y a la Financiera de Desarrollo Nacional(FDN) para que presente alternativas de qué hacer con Electricaribe y buscar un nuevo operador.

Finalmente en marzo del 2.017, se toma la decisión de proceder a liquidar la empresa y buscar un nuevo operador que tenga musculo financiero por parte de  la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) Contratos estos que ha cuestionado la CGR , cuando en declaración a los medios de comunicación dijo “Se lee en este sentido que en los contratos con la FDN, suscritos entre junio y agosto de 2017, se pagaron mensualmente $90 millones a la banca de inversión local Ágora Corporate Consultants, la asesoría legal de Brigard & Urrutia por $51 millones mensuales, a la banca de inversión internacional MBA-Lazard USD$85 mil cada mes y a la FDN $171 millones mensuales”.

“En el primer hallazgo, el ente de control fiscal señala que en el contrato con la FDN “carece del resultado de la actividad descrita en el literal b ‘Recomendar la alternativa para mantener la continuidad del servicio que actualmente presta Electricaribe”, y recuerda que a la fecha se han desembolsado $2.643 millones en siete pagos desde septiembre de 2017 hasta marzo de 2018 y pone de presente además que el agente interventor comunicó el 3 de mayo, requerido por la Contraloría, que a la fecha no habían recibido tal informe”.

Como resultado de la intervención, los españoles han impetrado una demanda ante la CIADI(entidad del BIRF) cuya reclamación es de una cifra aproximada a los 1.259 millones de euros, equivalente a US$1.473 millones de dólares, sumas que ha dejado de recaudar de los estratos bajos y del sector oficial, así como el alto volumen de robo de energía ,ya que la intervención con fines de liquidación según Gas Natural Fenosa  es una “expropiación” acogiéndose al contrato firmado entre el gobierno colombiano y español de “ acuerdo internacional sobre inversiones reciprocas” y/o “seguridad inversionista”, lo que no permite mantener un  flujo de caja para pagar la energía que compran, pagarle a los empleados y pensionados , a los contratistas y realizar las inversiones necesarias en las redes. Por ello desde hace varios años, vienen proponiéndole al gobierno  cambios en la legislación vigente para poder operar.

27 julio, 2018

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