GOBIERNO

Santos se negó a firmar ley en favor del usuario y que elimina el cobro por reconexión de servicios públicos domiciliarios

img_9352Barranquilla, enero 3 de 2017.- El Gobierno Nacional negó a poner su firma en la ley aprobada por el Congreso que eliminaba el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios, y la devolvió al Congreso, según explicó el Gobierno que “dado que se trata de un costo real, el valor de lo que cuesta la exoneración del pago de la reconexión o reinstalación del servicio establecida por la norma tendrá que ser asumido por una de las partes  que conforman el sistema”, ya sean los usuarios que pagan oportunamente, las empresas o el propio Estado.

Consideró el Gobierno que el proyecto “por medio de la cual se modifica la Ley 142 de 1994, se elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales y se dictan otras disposiciones” vulnera el principio de solidaridad y constituye un factor de inequidad contra las personas que pagan oportunamente sus obligaciones. El Gobierno consideró que la exoneración del pago es inconstitucional.

El proyecto aprobado por el Congreso prohíbe a las empresas de servicios públicos cobrar por la reconexión y reinstalación del servicio de agua, gas o electricidad..

La comunicación señala que el proyecto de ley va contra el artículo 367 de la Constitución Nacional ya que ‘excluye del régimen tarifario de los servicios públicos los costos reales en los que SUPUESTAMENTE incurren las empresas por tales conceptos’.

Según sostuvo el Gobierno contradiciendo a los congresistas, las empresas de servicios públicos domiciliarios sí incurren en costos cuando, en razón de la mora en el pago de las facturas por parte del usuario o suscriptor, deben realizar la reconexión o reinstalación del servicio como consecuencia del corte o la suspensión de éste.

Según señala el Gobierno, gastos operativos, técnicos y administrativos para efectuar la reconexión o la reinstalación del servicio como consecuencia del corte o suspensión del mismo por una razón imputable al usuario o suscriptor como lo es la mora en el pago.

Así mismo, el Gobierno advierte que “dado que se trata de un costo real, el valor de lo que cuesta la exoneración del pago de la reconexión o reinstalación del servicio establecida por la norma tendrá que ser asumido por una de las partes que conforman el sistema”, ya sean los usuarios que pagan oportunamente, las empresas o el propio Estado.

Agrega que en el caso de los usuarios sean quienes asuman el costo, “necesariamente tendrán que aumentarse, de manera general, las tarifas del servicio”.

En cuanto a objeciones por inconveniencia, el Ejecutivo sostuvo que el presupuesto público no puede asumir el cargo por reconexión, pues es una carga para el fisco nacional.

3 enero, 2017

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