GOBIERNO

Barranquilla, mayo 26 de 2017.- La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado este jueves al Gobierno Nacional y a los ciudadanos y organizaciones sociales de Buenaventura, para que encuentre salidas institucionales adecuadas a los problemas que aquejan a esa población, y así lograr a la mayor brevedad la solución armónica a un paro que con 10 días de permanencia, agrava aún más la situación social y económica de la región.

Cabe recordar la situación de injusticias que sufre el Pacífico, especialmente en Buenaventura con una Pobreza que alcanza el 64%, en el que la situación de Miseria es de un 18%, las cifras del Desempleo son de un 62%, la Economía informal con un alto porcentaje del 90.3%, y el embarazos en adolescentes es de un 25%, a penas a pocos minutos de grandes urbes como la ciudad de Cali.

Cifras por las que el Ministerio Público considera que la situación que padecen los habitantes del puerto es indiscutiblemente grave, debido a la precariedad en la prestación de los servicios públicos esenciales, que en efecto no garantizan para muchos de ellos un nivel de vida digna, lo que impacta desfavorablemente los postulados de un Estado Social de Derecho.

No obstante aprovecha para irse hacía atrás y no responsabilizar al Gobierno que le hizo promesas en campaña a la gente de Buenaventura y que ahora no cumple y por eso le reclaman el deterioro cada vez más elevado en 7 años del Gobierno de Juan Manuel Santos, y afirma la Procuraduría que “Como se trata de dificultades de carácter estructural y extendidas en el tiempo, que se viene gestando y desarrollando de tiempo atrás,  que compromete las políticas públicas de varias administraciones nacionales y locales, y las heredadas inercias de la función de control institucional; es claro, a juicio del Ministerio Público, que no se está ante eventos inesperados, o de carácter sobreviniente, que se presentan de manera extraordinaria e intempestiva”.

Dando desarrollo al espíritu de la Carta Política de 1991, así como a los reiterados criterios jurisprudenciales señalados por la Corte Constitucional, no es posible acudir a los estados de excepción como respuesta a un problema estructural.

Es necesario advertir que si para el presente caso se hiciera uso de los estados de excepción, y luego la Corte Constitucional declarara su inexequibilidad, y la de las medidas adoptadas a su amparo, no se habría avanzado en las soluciones reales, sino que por el contrario, solo se habría logrado retardar la operatividad de las vías adecuadas para conjurar la crisis, generándose falsas expectativas de solución a situaciones que requieren pronta pero sustentable solución.

Para “la Procuraduría, el ejercicio de las facultades presidenciales propias, la tramitación expedita de proyectos de ley, con mensaje de urgencia o en sesiones extraordinarias; al igual que la formulación de acciones constitucionales ante la justicia y la adopción de medidas cautelares, constituyen algunas de las alternativas que con voluntad política y compromiso cívico, complementados con una lucha frontal contra toda manifestación de corrupción, permitirán salidas efectivas como las que con toda justicia reclama Buenaventura”.

Finalmente afirma la Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso por participar en las soluciones que se construyan para superar esta difícil situación, que le duele a Colombia y que reclama nuestra solidaridad.