AGRONOTAS

Procuraduría hizo reparos a la Zonas de Reserva Campesina en los Montes de María

2014-03-03-15-21-23Cartagena, diciembre 30 de 2016.- La Procuraduría General de la Nación, expresó en un pronunciamiento este miércoles que “en desarrollo del seguimiento que adelantó al proceso de constitución y reactivación de zonas de reserva campesina durante el año 2012, con el fin de determinar la vigencia y utilidad de esta figura contemplada en la Ley 160 de 1994, visitó en ese entonces las mencionadas zonas y evidenció el abandono institucional en el que se encontraban, con deficiente prestación de servicios públicos, educación y salud, entre otros, configurándose una clara vulneración de derechos económicos sociales y culturales”.

De igual forma, aseguró que las comunidades campesinas no estaban recibiendo adecuada asesoría técnica y apoyo para adelantar proyectos productivos, lo que conllevó a la persistencia de cultivos ilícitos y minería ilegal en esos territorios.

Argumentó en su pronunciamiento que como conclusión general, la Procuraduría General de la Nación manifestó en su momento que los objetivos de las zonas de reserva campesina no se habían cumplido y que la existencia de las mismas no garantizaba el control de la inadecuada expansión de la frontera agrícola, por cuanto los campesinos adjudicatarios de baldíos, al no existir restricción para la venta de esos bienes, negociaban la propiedad para iniciar una nueva ocupación en zonas de reserva forestal aledañas, esperando una nueva titulación.

Finalmente hizo recomendaciones muy importantes, pero la principal del Ministerio Público, con respecto a las zonas de reserva campesina, consistió en fortalecer la presencia institucional bajo un modelo de coordinación y articulación entre los distintos niveles de planeación, ya que se detectó en los planes de desarrollo departamental, con jurisdicción en territorios donde existía ese tipo de zonas, que ni siquiera se mencionaba la figura, siendo inocuos los esfuerzos realizados de concertación y participación en el diseño de planes de desarrollo, además que no garantizaba el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las audiencias públicas que se llevaron a cabo con participación de la comunidad y de las entidades.

30 diciembre, 2016

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