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Paz, coca y fuerza pública. Por: Rafael Nieto Loaiza

Nos prometieron “la paz” y la tal paz no aparece por ningún lado. Era previsible. Por un lado, porque el pacto con las Farc contiene un conjunto de incentivos perversos al narcotráfico y la historia de Colombia muestra que el narcotráfico es el motor del conflicto y la gasolina de la violencia. Entre más alto es el número de hectáreas de narcocultivos, mayor es el ingreso y el poder de los grupos criminales involucrados en el negocio y, por tanto, mayor es su capacidad de delinquir y de matar. Por el otro, porque en paralelo el gobierno de Santos no ha hecho otra cosa que afectar de manera negativa la capacidad de acción de la Fuerza Pública.rafael-nieto-loaiza-6

Los incentivos perversos al narcotráfico empezaron durante la negociación. Primero, y por solicitud de las Farc, el gobierno suspendió la fumigación aérea. El argumento de que la Agencia contra el Cáncer de la OMS dijo que el glifosato “podría” generar linfoma de No Hodgkin es falaz. La Agencia se refirió al glifosato en general y el gobierno suspendió solo la fumigación aérea. Y en todo caso el Ministerio de Salud no ha dicho ni ha hecho nada contra los otros productos y actividades que “podrían” generar cáncer ni contra los que se tiene certeza de que sí lo generan. No es curioso que sea haya alegado el informe de la Agencia para suspender la fumigación área: el informe es solo una excusa para enmascarar una decisión política, la de no atacar los cultivos ilícitos y complacer a las Farc. En consecuencia, después suspender la fumigación, el gobierno paró toda erradicación forzada.

Más adelante, Santos acordó cinco incentivos adicionales: uno, estableció que la erradicación debería ser manual y voluntaria; dos, una salvaguarda de dos años para no perseguir penalmente a los campesinos narcocultivadores (hoy son muy pocos los procesos penales contra narcocultivadores y menos aún las condenas, pero la salvaguarda envía un mensaje pésimo de impunidad); tres, el pago de mensualidades a los narcocultivadores si, por fin, deciden erradicar; cuatro, la prohibición de extraditar a los narcotraficantes de las Farc y las de sus familiares; y quinto, la posibilidad de que el narcotráfico sea considerado como un delito conexo a los delitos políticos y por tanto indultable y amnistiable (siempre que, por supuesto, el responsable sea de las Farc. Para los demás narcos no cabe esa interpretación).

En el desarrollo del pacto, Santos ha creado nuevos incentivos. Primero, no ha exigido a las Farc la entrega de la información indispensable sobre rutas, laboratorios, pistas, cultivos y socios de su actividad como narcotraficantes. Después, porque ha montado una enorme operación de lavados de activos, a través del decreto 903, que permite la legalización de la fortuna criminal de las Farc y ponerla a su disposición para la realización de sus actividades políticas y económicas después de su desmovilización. Finalmente, proponiendo ahora la legalización definitiva de la coca por vía de autorizar los cultivos de hasta 3.8 hectáreas.

En esas condiciones, tenemos el mayor número de narcocultivos de nuestra historia. Y aunque resulta sorprendente que el mar de coca en que ya estamos sumergidos no se aún mayor, no sorprende que los grupos criminales vinculados al narcotráfico, “disidencias” de las Farc, Eln y bandas criminales, sean cada vez más y más poderosas. Ni que el microtráfico y el consumo de drogas estén disparados.

Para luchar contra semejante tragedia, deberíamos tener una Fuerza Pública fuerte y efectiva. En cambio, Santos no ha hecho nada distinto que golpearla una y otra. En las Fuerzas Militares y la Policía hay fisuras entre el mando y el resto de la institución, se les recortó el presupuesto, disminuyeron su capacidad operativa y se les desmanteló buena parte de la inteligencia. Para rematar, no tienen moral de combate y están muertos del miedo de que los lleven a la infame JEP. Hay que revertir semejante situación, recuperar el liderazgo efectivo del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, cerrar las fisuras y recuperar un mando creíble y legítimo en el generalato, devolverle el presupuesto, la capacidad operativa y de inteligencia, recuperar el sistema de sanidad militar y policial, salvar a la Fuerza Pública de la JEP, ejecutar, aunque sea gradualmente la prometida e incumplida nivelación salarial, y crear una ley de veteranos que de el tratamiento que merecen nuestros soldados y policías, héroes de Colombia.

14 noviembre, 2017

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