COLUMNISTAS

*Ex Senadora d ela República y Presidenta honoraria Federación Colombiana de Víctimas
Gran Premio Humanitario de Francia, 2018.

El Presidente Duque afirmó el pasado 20 de febrero: “He sido muy claro, nosotros vamos a cumplir como siempre con nuestra responsabilidad. Me tomaré los tiempos que me otorga la ley y buscaré la mejor decisión por parte del Presidente, que esté orientada a que en este país tengamos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición”.

Por mi parte, creo que la mejor decisión es objetar todo el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y no sólo algunos artículos concretos, porque ese proyecto no garantiza ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni la no repetición, por lo siguiente:

1) No garantiza genuina verdad. La rendición de cuentas de los grandes victimarios que han ido a la JEP no ha permitido que aflore la verdad, por razones como estas:

– Algunos no comparecen a la JEP (hay exguerrilleros que están escondidos, como Iván Márquez o “el Paisa”).

– Otros sólo envían a su abogado.

– Y los que comparecen no confiesan ni delatan, como Fabián Ramírez, que cuenta que fue a la JEP y tuvo el descaro de decir: “no tengo ninguna responsabilidad, como miembro del Estado Mayor”, o como Timochenko, que llegó hasta a decir que era una víctima y no un victimario.

– Como si fuera poco, las audiencias de la JEP han sido a puerta cerrada y sin las víctimas, impidiendo un elemento sustancial de la justicia transicional que es el encaramiento de las víctimas a sus victimarios en un espacio donde puedan exigir información sobre sus hechos victimizantes, como, por ejemplo, se hizo en Sudáfrica.

– Aún peor, algunos osan hacer confesiones por escrito y genéricas, sin poner la cara, como se exige, como hemos dicho, en la justicia transicional más elemental.

Al paso que va la JEP, el país se quedará sin saber quién hizo qué durante los últimos 50 años.

2) No garantiza genuina justicia

– La JEP está estructurada con una complejidad superior a cualquier sistema judicial, para dilatar los procesos y llevarlos a la máxima impunidad. No emitirá sentencia alguna antes de 4 años (ya lleva dos años y nada que arranca). Esto se refleja desde su mismo diseño y de su creación, que ha requerido cuatro actos jurídicos sucesivos: dos reformas a la Constitución, una ley estatutaria y una ley procesal. En un comienzo, se defendió que diez años sería suficiente plazo para lograr la justicia transicional básica. Pero ya reconocieron que se requieren al menos diez años más. Sin embargo, el laberinto jurídico que constituyen sus procesos exigiría setenta o cien años para llegar a esos mínimos de justicia.

– De su complejidad son prueba sus ocho espacios judiciales (3 salas, 4 secciones y una fiscalía) y 38 magistrados, derivando en que, por ejemplo, un exguerrillero de las Farc que tenga solo 5 procesos (los hay con 90) se va a encontrar simultáneamente procesada en varias Salas y Secciones a la vez, así:
Delito de rebelión: va a la Sala de Amnistía e Indulto y a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
Delito de secuestro (pero el caso está en instrucción): va a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y de allí pasa a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.

Delito de homicidio (y el caso ya tiene sentencia en firme): va a la Sala de Reconocimiento de la Verdad, a la Sala de Revisión y a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Un cuarto proceso: masacre, pero el guerrillero no reconoce haber cometido el delito: va a la Sala de Reconocimiento de la Verdad, luego a la Unidad de Investigación y Acusación (la fiscalía, para el caso) y luego a la Sección de Enjuiciamiento Sin Reconocimiento de la Verdad.
Un quinto proceso (reclutamiento de niños), y el guerrillero sí reconoce este delito (cosa que, como hemos visto, no hará ningún guerrillero). Ocurre que, si se selecciona el caso, va a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de allí a la Sección de Enjuiciamiento Con Reconocimiento de la Verdad. Si el caso no es seleccionado, va a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de allí a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.

Este galimatías procesal se puede incluso agravar, por lo siguiente:

(i) Si se apela, va a la Sección de Apelaciones;
(ii) Si se interpone tutela, nuevas aristas le surgen al caso;
(iii) Si en cada delito eran varios autores, puede pasar que unos confiesen y otros no, generando rupturas procesales y divisiones procesales exponenciales;
(iv) Si el guerrillero había sido antes militar o paramilitar, o ambas cosas, como en algunos casos efecto sucede, el galimatías se triplica.

– El proceso de selección de las personas que integran la JEP fue arbitrario y sesgado. Es imposible personas que, durante toda su vida, han, abiertamente, defendido y justificado los hechos atroces de la guerrilla, puedan ser jueces objetivos de guerrilleros, paramilitares y militares. Los militares en particular se sienten juzgados por el enemigo. Un ejemplo que ofende a toda la sociedad es la inexplicable dilación en el caso Santrich.
En síntesis, la JEP es una justicia lenta, compleja y en dudosas manos. Si se quisiera genuina justicia, se habría conformado un tribunal en dos instancias, austero y eficiente.

3) No garantiza genuina reparación

La reparación a las víctimas puede entenderse de tres formas. Está la reparación económica, que señala la Ley 1448, con el mandato de que los bienes de los victimarios que se detecten hayan sido producto de sus hechos ilícitos deben ir directamente a la reparación de sus víctimas. Pero, en este proceso, es evidente que las Farc se olvidaron de reparar económicamente a sus víctimas. Mucho se ha hablado sobre el listado de los bienes que entregaron, irrisorio para algunos pero ofensivo para sus víctimas. Los bienes entregados, que, según las Farc, equivalen a más de 132.000 millones de pesos, están avaluados, en realidad, en poco más de 30.000 millones. Esto mientras, en últimos reportes de la Fiscalía, se ha estimado en 2.7 billones de pesos el patrimonio de las Farc. No se entiende, entonces, cómo se habla de genuina reparación a través de la JEP, si esta no va a facilitar la reparación económica.
En segundo lugar, está la dimensión moral de la reparación, que es la que se hace cuando el victimario reconoce su culpa, pide perdón y se compromete a no reincidir en el delito. Pero se entiende que la política de las Farc es la de no cumplir jamás con esa dimensión, como se desprende de la afirmación de Iván Márquez del 5 de diciembre de 2017, en carta enviada a la JEP: “En la acreditación y verificación de las obras (de reparación) efectuadas en nada han de participar las víctimas. La acreditación y verificación de la obra o actividad depende de un hecho objetivo, en nada depende de la opinión de terceros, igual que la imposición de sanciones”.
Las Farc han insistido en que son víctimas y no victimarios y en que sus hechos estaban justificados por “su lucha”. En esa misma línea, las audiencias en las cuales las Farc no han estado reconociendo sus actos ni diciendo la verdad, nos llevan a creer que es difícil que, mediante la JEP, pueda haber esta dimensión de la reparación.
Por último, tenemos la reparación integral, que debe venir del Estado. A esta no aporta nada la JEP, por su ineficiencia, por su lentitud y por su sesgo ideológico. Mientras el 90% de las víctimas registradas siguen sin ser indemnizadas materialmente, podríamos decir que el 100% permanece sin la reparación integral que señala la Ley 1448.

4) No garantiza genuina no repetición:

La JEP no incidido positivamente en la reducción de los asesinatos de líderes sociales sino que, muy por el contrario, estos asesinatos se han incrementado.
Por otra parte, vemos cómo algunos ex integrantes de las Farc han desertado de las zonas veredales, hoy llamadas espacios de capacitación, para regresar a la guerra y seguir repitiendo lo que siempre han hecho, bien con frentes propios o bien integrándose al ELN. Este número de desertores supera ya varios miles de guerrilleros (se puede decir que son más que los guerrilleros que continúan en el proceso). No se sabe si la JEP los va a llamar a rendir cuentas por su antigua militancia y si, en caso de hacerlo, logre hacerlos comparecer.
La JEP en su ineficiencia no logra intimidar a los victimarios para desanimarlos de su actuar criminal. Al contrario, la impunidad que ella genera se constituye en un incentivo perverso para que los excombatientes sigan repitiendo los delitos del pasado.

Señor Presidente: objete la ley estatutaria de la JEP por el bien del país. No pase a la historia como alguien que avaló la impunidad.

En su lugar, Señor Presidente, propóngale al país racionalizar la justicia de Colombia, que está completamente desinstitucionalizada.

Para concluir, en Colombia hay actualmente seis justicias penales: la ordinaria, Justicia y Paz, Justicia Penal Militar, justicia especial indígena, justicia en el Congreso para aforados y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sólo las dos primeras hacen parte de la rama judicial; las otras gravitan sueltas. Eso no es racional, ni serio, ni funcional, al tiempo que favorece la impunidad.

Se debe proponer al país al menos unificar las dos justicias transicionales: Justicia y Paz y la JEP. Eso implica:

– Rescatar la experiencia valiosa de Justicia y Paz y corregir sus errores, sobre todo en materia de verdad y entrega de bienes.

– Mantener lo inmodificable de la JEP (las excarcelaciones, salvo en los máximos responsables de delitos de lesa humanidad) y suprimir la institución como tal, con todos sus procedimientos y magistrados (que no hacen parte de la favorabilidad).

– Generar una nueva institucionalidad que les de confianza a todos los colombianos: las Fuerzas Armadas, las Farc, los paramilitares, los desmovilizados en otros procesos y, sobre todo, a las víctimas, y que garantice neutralidad.

– Diseñar en consecuencia una nueva oferta unificada de justicia transicional, que se podría denominar “Justicia, Paz y Reconciliación” (JPR). Las características de esta propuesta serían las siguientes: sería un órgano de la rama judicial, en dos instancias, la segunda a cargo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la primera a cargo de Salas de Justicia, Paz y Reconciliación. Serían 5 Salas, ubicadas en los tribunales superiores de Cundinamarca, Antioquia, Barranquilla, Cúcuta y Popayán. Cada una integrada por 4 magistrados: 3 de conocimiento y 1 de control de garantías. Total: 20 magistrados (hoy en Justicia y Paz hay 14, o sea que sería crear sólo 6 cargos de magistrado de tribunal). Todos ellos escogidos por el Gobierno Nacional. La investigación estaría a cargo de la Fiscalía General de la Nación, a través de una dependencia especial, cuyo Fiscal director sería designado por la Corte Constitucional.

Estamos convencidos de que mantener la JEP es hacer trizas los acuerdos. Todos los colombianos buscamos la paz, pero la JEP no es el camino. Por el contrario, se ha constituido en una justicia de la “Cosa Nostra”, donde mafiosos, paramilitares, guerrilleros, corruptos y simpatizantes de todo este entramado se favorecen en contra de la institucionalidad y con la angustia de sociedad en su conjunto.