POLITICA

Barranquilla 11 de noviembre de 2017.– Lo que ha sido calificado como una intromisión de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Todd Howland, al opinar y prácticamente dar ordenas sobre la aprobación o su desaprobación de la JEP al interior del Congreso sigue siendo rechazado, y aún con más vehemencia especialmente al conocerse un convenio firmado en Viena firmado el 3 de noviembre por Rafael Pardo Rueda, Alto Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad de Colombia, por valor de casi 315 millones de dólares sin licitación con la excusa de que se rige por contratación privada. Es así como con el Decreto 691 de 2017, se concede a la UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la administración de nada más y nada menos lo que en plata colombiana sería UN BILLÓN de pesos.

Esas serían las razones por las que como dando ordenes, Todd Howland, deliberamente y de manera abusiva manifestó este miércoles en un comunicado, a los Senadores y Representantes a la Cámara “su obligación” de garantizar los derechos humanos, cuando este es un deber en primera instancia del ejecutivo con las instituciones de seguridad con que cuenta el Estado, como lo son las Fuerzas Armadas de Colombia, no obstante señaló Howland que en especial el derecho a la justicia de las víctimas de graves violaciones, por lo que tenían que aprobar el proyecto de ley estatutaria de la JEP el que calificó como fundamental y que según él, debían “ir más allá de la discusión del proyecto de ley sin más dilaciones”, lo que realmente son las discusiones que se deben dar en un aparato legislativo responsable. Al tiempo que dijo que había que impulsar todas las acciones que sean necesarias para maximizar las oportunidades del procedimiento legislativo especial para la paz”.

Incluso habla de la “concordancia de los mecanismos con las normas del derecho internacional de los derechos humanos” que según señaló en su comunicado, “conduce a la protección efectiva de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas”. Precisamente lo que un sector del Congreso está tratando de que quede consignado en el proyecto de ser aprobado, incluso así lo advirtió la Procuraduría este viernes.

Intromisión que fue rechazada por varios sectores y que posteriormente fue elevada en calidad de queja formalmente enviada al Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zein Ra’ad Al Hussein, por parte del senador Alfredo Ramos, en la que rechaza la intromisión de su delegado en asuntos del Congreso de Colombia.

Por su parte, la candidata a la presidencia, Martha Lucía Ramírez, puso el dedo en la llaga y afirma que desafortunadamente el contrato por valor de casi 315 millones de dólares sin licitación, podría dar hasta para la mermelada internacional que además estará subcontratando personal con salarios por la suma de 20 mil dólares, unos 60 millones de pesos colombianos. Martha Lucía comparó este caso como otro Reficar. Denunció además que el Decreto 691 de 2017, indica que lo peor es que este billón de pesos en esta contratación se estaría llevando acabo con recursos internos.

Por otra parte Howland señala que el sometimiento a la JEP por parte de todos los actores del conflicto es lo que supuestamente sería la garantía de esclarecimiento de la verdad y de resarcimiento a las víctimas.

Mientras que los Congresistas estudian analizan como sacar a los empresarios y civiles colombianos al igual que las Fuerzas Armadas que fueron incluidos en el Acuerdo para favorecer a las Farc, según lo que se lee diariamente en reclamaciones de muchos sectores del país, quienes afirman que en el proyecto se encuentran incluidos, incluso así lo ha reclamado también el Partido Conservador.

El Congreso por su parte, en una nueva mayoría entre Conservadores, Cambio Radical y el Centro Democrático, reclaman una serie de concesiones y beneficios judiciales a los responsables de crímenes internacionales, por lo que igualmente están a la espera del pronunciamiento de la Corte Constitucional, no obstante que ya le han sido creadas unas alfombras con la reformas constitucionales orientadas a la implementación del punto cinco del Acuerdo, supuestamente reflejados en la creación y puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, Sistema Integral, que también cita Todd Howland.

No obstante según la ONU, “el Sistema Integral establece mecanismos judiciales y extrajudiciales para: encarar el pasado de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”

Según la ONU, “el componente de Justicia Especial para la Paz, JEP, del Sistema Integral ofrece la oportunidad para el procesamiento de graves conductas ocurridas en el marco del conflicto armado interno, el esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades”, sin embargo los magistrados escogidos para ese Tribunal en su mayoría son afines ideologicamente a los acusados, esta ha sido una de las reclamaciones que ha tenido la JEP, para su aprobación debido a la carta en blanco que se les estaría entregando a estos jueces.