COLUMNISTAS

Sucesivamente todo va cuesta arriba en detrimento del incremento salarial que a pocas horas del 2017 ya se ha desdibujado, hecho este que ha servido a las centrales obreras para notificar que dada la situación alcista y la precariedad del ingreso, este año será una vigencia llena de paros y movilizaciones sociales.

Frente a un aparato productivo diezmado por circunstancias externas e internas, que se resiente aún más por los efectos de la nueva estructura tributaria del país como lo ha reconocido la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, la creación de empleo no marcha al ritmo que se preveía y si bien el indicador que refleja el Dane habla de una ocupación positiva habría que ponerle el colador al asunto para dejar en términos reales lo que representan el rebusque y la informalidad en el mercado laboral.

No es suficiente con entregar un volumen de subsidios a madres cabeza de hogar, jóvenes estudiantes, adultos mayores y familias vulnerables para reducir la pobreza. Se requiere más dinamismo en las políticas de Estado para llegar a quienes menos tienen.

Fue lo que pretendió el Congreso de la República cuando el Senado y la Cámara de Representantes votaron favorablemente la ley  que eliminaba el cobro por la reconexión de servicios públicos domiciliarios, específicamente en los estratos 1 y 2 de la población.

Pero la Presidencia de la República y parte del equipo ministerial resolvieron darle la espalda a estos sectores al objetar la ley por vicios de supuesta inconveniencia e inconstitucionalidad.

El Gobierno aduce que las empresas incurrirían en sobrecostos que no pueden ser trasladados a la tarifa y que hacerlo sería inequitativo con los demás estratos que pagan su factura oportunamente. Además sostiene que el Presupuesto Nacional no estaría en capacidad de asumir ese recargo fiscal.

En consecuencia, el Congreso tendrá que hacer una revisión minuciosa de los subsidios que el Estado paga para llevar los servicios públicos a los más pobres y solicitar a la Superintendencia de Servicios Públicos que realice una detallada auditoría a la reinversión de esos subsidios con el fin de medir lo que se traslada en beneficio del usuario y no se queda como parte de las ganancias de quienes administran las distintas redes.

Estoy seguro que como resultado de una evaluación exhaustiva, ni el Presupuesto Nacional ni las empresas privadas de servicios públicos podrán demostrar que incurrirán en sobrecostos si se aplica este beneficio a los pobres de los estratos 1 y 2.

Por el contrario, podrán hacer uso de una responsabilidad social que hoy desconocen ante el hecho evidente de que muchas familias se pueden atrasar no porque sean malas pagas, sino porque es muy difícil mantener el ingreso en un mercado en el que escasean las oportunidades y los precios de subsistencia se encuentran por las nubes.

El próximo 16 de marzo de 2017, al iniciar el cierre de su tercer periodo constitucional de sesiones ordinarias, el Congreso de la República podrá decir si acoge o no las objeciones presidenciales en relación con la inconstitucionalidad y la inconveniencia. En el primer caso pedirá el respectivo pronunciamiento de la Corte Constitucional y en la segunda instancia decidirá bajo su proverbial sabiduría.

Pero en lo que a mi corresponde ya he comenzado a trabajar con todas las bancadas del legislativo porque nuestra lucha es por los menos favorecidos, es decir, nos oponemos a las objeciones presidenciales en la medida en que se distancia de los más pobres. Realmente es contradictorio un gobierno que habla de paz pero al mismo tiempo se aleja de lo social. Estoy convencido de que es equivocado dejar en el limbo el beneficio de exonerar el pago de la reconexión domiciliaria.