JUDICIALES

En firme medida de aseguramiento carcelario contra el líder indígena por corrupción con dineros destinados para alimentación, agua y salud de la comunidad Wayúu

heliodoptero-y-javier-rojasBarranquilla, 14 de mayo de 2019.- Los argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación ante el Juzgado Segundo Penal de Bogotá con función de garantías fueron válidos para que el juez le negara la libertad y por el contrario confirmó la medida de aseguramiento en contra del líder de la comunidad indígena Wayúu, Javier Rojas Uriana, como presunto responsable de los delitos de peculado y falsedad ideológica en documento público.

El delegado del ente acusador sostuvo que Rojas Uriana constituiría un peligro para la integridad procesal y de la prueba en la investigación que le adelanta, por los hechos irregulares con los cuales habría afectado el suministro de agua, alimentos y de salud a los menores de edad que padecen grave estado de desnutrición en la región.

El proyecto, de acuerdo con el programa para la protección y ayuda a los menores indígenas, comprendía la ejecución de programas productivos de ganadería, agricultura y pesca para 39 comunidades indígenas Wayúu que beneficiaría a más de 200 familias.

Sostuvo el fiscal del caso que por ejemplo, un terreno facturado en 200 millones de pesos costaba en realidad 39 millones, ocasionando un detrimento a la comunidad por más de 170 millones de pesos.

Indicó que “hay un contrato que fue denominado de transporte, se liquidó por 68 millones de pesos sin que fuera justificado a quién le fue adjudicado y cómo o de qué manera […] nuca se supo cuáles eran los pagos por desplazamiento, el  valor y las fechas y de los desembolsos”,

Del mismo modo anotó que aparecen sobrecostos en la mano de obra para la adecuación de un centro de acopio para la comunidad Wayúu, la compra sobrevalorada para la aplicación de vacunas a caprinos superiores a los 180 millones de pesos.

“Se trata de delitos graves por ser contra una población sujeta a la protección constitucional e internacional, porque son dineros de los niños, dados por el Estado”, concluyó el fiscal.

Subrayó que para la construcción de los componentes para la producción de pesca, el procesado contrató mano de obra por cerca de 120 millones de pesos, pero la policía judicial, a través de entrevistas hechas a los indígenas de la comunidad, determinó que el mismo trabajo con igual o mejor calidad se habría hecho por menos de 20 millones de pesos.

Por lo pronto el líder indígena continuará detenido bajo protección especial mientras se define su situación.

14 mayo, 2019

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