COLUMNISTAS, INVESTIGACION

En el caso “Lezo” y el “Acordeón” hay que ahondar cada vez más hasta que logremos saber la verdad de lo que aconteció con la empresa barranquillera que presta los servicios públicos domiciliarios de agua, alcantarillado y aseo,  que su clase dirigente decidió ante los malos manejos dado por la clase política dominante en ese entonces, buscar los mecanismos jurídicos necesarios para privatizar la prestación de esos servicios, es decir, quitarle la responsabilidad constitucional al ente territorial para entregársela a un sector privado liderado por la Cámara de Comercio y los gremios de la ciudad bajo el supuesto que le darían un mejor manejo a la empresa.

Fue así como en el mes de julio de  1.991, en la administración del alcalde Miguel Bolívar Acuña, se tomó la decisión de privatizar la antigua empresa municipal “EPM” que fuera modelo en la década de los años 30 al 60, cuando la manejaba el señor Samuel Hallopeter (1.925-1.945). Con revolver al cinto,  representante de los banqueros de Chicago “Central Trust Company” tierra de la mafia norteamericana, llegaron para garantizar que el préstamo que hicieran los banqueros se utilizara en la construcción del acueducto y pavimentación de calles de la ciudad y el pago de esa deuda.
Ido el señor Samuel Hallopeter, la empresa empezó a decaer por diversos motivos, a pesar que en el año 1.955 el empresario José Raimundo Sojo expresaba que las EPM de Barranquilla, era la mejor empresa del país e incluso servía de modelo a otras ciudades de Colombia, a pesar de estar su manejo en manos de la clase política de esa década. En los años 60, producto de la inmigración que se originó por ser una ciudad pujante y sobre todo territorio de paz y alegría, la ciudad creció en forma desordenada sin ningún tipo de planeamiento surgiendo barrios de invasión, muchos de ellos impulsados y liderados por los políticos,  lo que trajo como consecuencia que los servicios públicos domiciliarios colapsarán,  principalmente los de agua, alcantarillado, aseo y telefónico. Todo esto trajo consigo que el servicio en su totalidad y en especial el del agua y alcantarillado se empezara a prestar en forma deficiente en los barrios en los cuales existía el servicio, porque la mayoría, por no decir todos los barrios del suroriente y suroccidente de la ciudad carecían del mismo, el cual era aprovechado por los políticos para hacer politiquería con el agua en esos sectores y enriquecerse con el dolor de los pobres, y a las clases media y alta,  vendiéndole el agua por lata, que llevaban en carro de mula o en carro tanque. Se dieron las condiciones nuevamente que se vivieron en los años 20.Con el agravante de cantidad de niños muertos por gastroenteritis.
Para desligar el manejo de la nueva empresa de la clase política,  dándole participación a la empresa privada, se  constituye una nueva empresa que se llamaría “Triple A”, nombre que sale de los servicios de agua, alcantarillado y aseo. Para ello el Concejo distrital emitió un acuerdo,  el 023 de 1.991 en el cual autorizaba la creación de la nueva empresa con la condición de que el Distrito no tuviera más del 89% y menos del 85% de las acciones de la compañía. Como aporte,  el Distrito entregaba sus activos como capital,  los cuales fueron estimados en $32.754 millones de pesos por “COFINORTE” la empresa que se había creado para impulsar el desarrollo industrial de la Región Caribe y como contraprestación recibiría una suma de dinero fija de $6.000 millones por una sola vez,  para pagar una deuda que tenía la antigua EPM con el Banco Popular y unas regalías anuales que se pagaría mensualmente, y que tasaron en esa época en $225 millones mensuales, destinados a pagar la nómina de pensionados de la antigua empresa “EPM”, producto de haber fijado el capital en $15.000 millones a una tasa del 1.5% mensual. Los privados,  encabezados por los gremios,  invirtieron $15 millones de pesos, que fueron acciones que compraron alrededor de 5.490 socios entre personas naturales y empresas o entidades como la Cámara de Comercio, La Libertad, El Heraldo entre otros. Con esos $15 millones de pesos, los privados manejaron la empresa desde ese año, nombrando al abogado Álvaro Osorio Carbonell como su primer gerente.

Por no indexar las regalías hemos dejado de recibir $359.542.8 millones de 1.992 al 2.018

Desde ese año, la empresa arrancó mal. Primero porque pactaron las regalías estimando un capital por debajo del avalúo que hiciera Cofinorte ($32.750 millones), y en segundo lugar no previeron que esa regalía mensual había que indexarlas por el IPC para mantener su valor adquisitivo, a sabiendas que los niveles de inflación de Colombia en ese entonces era del orden del 32.37%.
No haber previsto ese detalle de no indexar anualmente las regalías, significó un desangre para las finanzas del Distrito que hemos estimado en $359.542.8 millones (ver anexo No 1), dinero que hemos dejado de recibir desde el año 1.992 hasta el año 2.018, donde al capital inicial lo indexamos cada año por el IPC respectivo. Lo que indica que desde el inició de labores de la empresa se empezó a lesionar los intereses de los barranquilleros por el simple error de no haber previsto ese detalle, en un país que vivía un proceso inflacionario alto. Error que pasó desapercibido por la clase dirigente y política de la ciudad, como de los organismos de control.

Esto en la práctica lo que ha ocasionado es que a partir del año  1,996, cuando se pasa de tener un control accionario del 85% al 50%, terminamos transfiriéndole utilidades a los privados al no afectar las utilidades registradas en los estados financieros con  mayores pagos por regalías.
Error que no ha debido pasarse por alto por los gremios y en especial por la Cámara de Comercio, el Concejo Distrital y la Contraloría Distrital y por supuesto los administradores del ente territorial. No es cualquier suma la dejada de percibir, recursos que hubiera servido para invertir no solo en los servicios públicos domiciliarios, sino también en obras sociales y en la pavimentación de vías, y construcción de parques y colegios.

En el año 1.994, se emite la Ley 142 conocida como “Ley de Servicios Públicos Domiciliarios” donde se establece que las empresas de servicios públicos domiciliarios se regirán en materia laboral por el “Código Sustantivo del Trabajo” e igualmente que las empresas de servicios públicos deben al final de su nombre llevar las letras E.S.P y se permite la participación accionaria del capital nacional y extranjero y su régimen de contratación por el derecho privado (artículo 32 ver C-066/97)), lo que las desliga de la Ley 80 de 1.993. Igualmente establece que las entidades territoriales deben crear un “Fondo de Solidaridad” para pagar los faltantes de subsidios para los estratos 1, 2 y 3, que no se alcancen a cubrir con lo que recauda la empresa de los subsidios que pagan los estratos 5 y 6, (el estrato 4 no paga, ni recibe subsidio) y los sectores comerciales, industriales y público, tal como lo define el artículo 99 y el 99.8 de la ley.
El artículo 99.5, determina que la Procuraduría General de la Nación puede sancionar disciplinariamente a los alcaldes que no paguen los subsidios y  el artículo 100 prohíbe que contraigan crédito para pagar los subsidios, dado que el Fondo de Solidaridad debe nutrirse del 10% del recaudo del predial.
Con relación a los subsidios, debo decir que el Distrito de Barranquilla nunca ha controlado el valor del dinero recaudado por la empresa Triple A de los estratos 5 y 6, como comercial, industrial y oficial. No hemos encontrado documento alguno que certifique a cuánto asciende ese recaudo y si ese recaudo es suficiente para el pago de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, que establece la ley.

El saqueo de los subsidios $70.000 millones dice el procurador

La administración  Guillermo Honeisbergh (2004-2007) se negó a pagar una deuda que por ese concepto le cobraba la empresa Triple A, por no existir claridad en las cifras que se le presentaban, por ello la triple A impetro una demanda en el Tribunal Administrativo del Atlántico y presento una queja en la Procuraduría para que obligara al alcalde a pagar dicha deuda. Esa deuda fue reconocida y fallada a favor por el Tribunal Administrativo y por la Procuraduría siendo tasada en $43.600 millones de pesos, los cuales fueron pagados por el alcalde Alex Char por orden del Tribunal y de la Procuraduría. Para ello firmó un convenio con la Triple A, pagando en febrero de 2.011 la suma de $13.600 millones de pesos y $30.000 millones como anticipo de las regalías que se empezarían a recibir desde el año 2.013. Esos $30.000 millones la Triple A, solicitaría un crédito al sector financiero para invertir en el servicio que presta $21.700 millones y el resto,  para utilizarlos ellos en el pago de compromisos de Tesorería. En esa acta quedaron ambas partes de contratar un estudio para estimar las regalías a recibir hasta el año 2.033. Documento que no conocemos, ni sabemos si se planteó una nueva prórroga para la concesión

Lo que no tuvo en cuenta el alcalde Char (2008-2011) es que el Contralor Distrital Jorge Iglesias realizó una auditoría a esos subsidios (primera y única vez que se ha hecho) y encontró que en ese año, los subsidios recaudados eran superior en $7.700 millones al compromiso que el Distrito tenía que pagar. No le dieron importancia al trabajo de la Contraloría y lo que hicieron algunos medios con la oficina de la Cámara de Comercio “Protransparencia” fue caerle encima a Jorge iglesias para tratar de desacreditarlo e incluso el hoy exgerente y con casa por cárcel Ramón Navarro Pereira afirmó que esa auditoría era para chantajearlo, que le pedían $745 millones para desembargar las cuentas que la Contraloría Distrital había decretado.
Iglesias Viloria fue citado por la Fiscalía Quinta de la Unidad Nacional Anticorrupción. El interrogatorio hace parte de la investigación que el fiscal quinto, Luis Páez Guerra, adelanta por el soborno de $745 millones pedido a la empresa Triple A, por funcionarios de esa entidad que dijeron ir en nombre del citado contralor.
Las pesquisas arrojaron el 16 de marzo de 2.011, la captura de uno de los funcionarios de la Contraloría, Irvin Vargas Álvarez, a quien un juez de Control de Garantías cobijó con detención domiciliaria por el delito de concusión, el cual se lo imputó la Fiscalía. El soborno solicitado era para desembargar cuentas de la Triple A por $7.700 millones (ver El Heraldo del 18 de mayo de 2.011). Todo quedó en nada, el  funcionario de la Contraloría quedo libre y sigue laborando en la misma, y las dos funcionarias que realizaron la auditoría y a quienes cito la Fiscalía, salieron libres por la asesoría jurídica del profesor y abogado penalista Álvaro Pardo. Lo que tenía que hacer la Fiscalía en ese entonces era verificar si lo que afirmaba el estudio era verídico o simplemente se trataba de un medio para extorsionar a la empresa triple A. No hicieron nada y parece ser que con un concepto de un exmagistrado el Contralor Ariza engaveto el trabajo y desembargo las cuentas sin que los barranquilleros tuvieran conocimiento de lo actuado.

Hoy el ex Procurador Ordoñez, ha expresado públicamente que la Triple A, se ha apropiado de $70.000 millones de pesos en subsidios que se han quedado en manos de los directivos de esa empresa como de los españoles. Todo por la falta de control de parte del ente territorial y por supuesto de la junta directiva, que no le hacían seguimiento al manejo interno de esa empresa, que parecía contar con el beneplácito de las administraciones territoriales y de la Contraloría Distrital que no ejercía su función constitucional. Lo que significa que el Procurador con su denuncia, está respaldando la auditoría que en su momento hizo el equipo de trabajo del ex Contralor Iglesias.
Ya el Procurador Carrillo no habla de $7.700 millones como señaló Jorge Iglesias, ahora dice claramente que se apropiaron de $70.000 millones, acusación que se sustenta en la investigación hecha por la Fiscalía, la cual debe ratificarse y por supuesto penalizar a los culpables. Es probable que utilizaran los mismos medios que utilizaron para sacar otros dineros de la Triple A, por debajo de la mesa.

Los saqueos al interior de las grandes empresas.

El nombre del presente documento surge de una serie que está presentando NEFLIX  con el nombre “El Mecanismo”, y trata sobre la corrupción en Brasil basado en postulados reales con personas y empresas ficticias. Narra la serie los mecanismos que utilizaron trece (13) empresas para desangrar las arcas de la empresa Petrolera en el gobierno de Lula Da Silva y Dilma Rousseff.
Para ello no solo lavaron dinero, hicieron fuga de capitales hacia los paraísos fiscales y con contratos ficticios o con contratos donde los 13 se ponían de acuerdo en los precios y se repartían las obras,  lo que implicaba sobreprecios o entrega de suministros a precios altos,  o que no se entregaban,  y miles de artimañas más.

Todo se derrumbó por la constancia de un policía de la ciudad de CURITIBA, que persiguió a un excompañero del barrio y del colegio que se encargaba de lavar el dinero y por ello se había vuelto rico,  y de un alto funcionario de Petrobras que cuadraba los contratos y tenía conexiones con el lavador del dinero.
Por el poder de los lavadores y de sus jefes que estaban ligados con el gobierno, Procuraduría y Fiscalía presionaron para sacar por esquizofrenia al policía que había iniciado la investigación quedando está en manos de una subalterna de él y de un amigo que hizo llamar y que lo involucraran en el equipo investigativo.
En la clandestinidad el personaje sigue la investigación y gracias a él y a que los detenidos hablaron, se pudo judicializar a los propietarios de doce empresas, quedando solo una por comprobarle su manejo, ya que se había asegurado de no dejar huella alguna de sus negocios ilegales. Por supuesto que este es el caso Odebrecht, pero sin mencionarlo en la serie para evitar problemas legales.

Semejanza.

Lo que se muestra en esa serie, es semejante a lo sucedido en Barranquilla con la empresa Triple A. Se pusieron de acuerdo directivos contratistas, empleados y ejecutivos encabezados por el gerente general Ramón Navarro Pereira para saquear a la empresa. Inventaron contratos al igual que asesorías técnicas e incluso es posible que hayan registrados créditos inexistentes o con tasas de interés altas. También lavaron dinero, el cual depositaron en paraísos fiscales tal como aparecen en los Papeles de Panamá y las denuncias hechas desde España por los nuevos directivos de Canal Isabel II.

Como para cerrar con brocha de oro como decimos en el argot beisbolero,  no contentos con lo que venían haciendo, crearon una empresa de suministro dependiente de Canal Isabel II, pero con sede en barranquilla llamada “Gestión Integral de Suministros GIS Ltda.” que no solo le vendía a la Triple A, sino que también le vendía a los contratistas de dicha empresa, toda una triangulación para que todo quedara en el manejo de la Triple A. No podemos descartar que en esos suministros se hubieran dado sobrefacturación en los insumos suministrados, por lo que le corresponde a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar los movimientos de esta empresa, que según parece la cancelaron recientemente.

En un documento publicado con anterioridad y titulado “Cómo fue posible que con tantas señales nadie detectara las irregularidades que se venían dando en la Triple A” decíamos que el Procurador habla de un desangre de $27.000 millones, en el periodo comprendido entre el  2.009 al 2.012, y en un cuadro demostramos que hay unos años, justamente los que señala el Procurador,  donde las utilidades de operación son altas, pero las utilidades netas son bajas. Recomendamos revisar del año 1.996 en adelante para ver que encuentran.

Hasta ahora con la investigación de la Fiscalía y la Procuraduría hay un solo detenido, el exgerente, quién ya reconoció que efectivamente se apropió de ese dinero, pero no creemos que él  haya actuado solo , tuvo que tener el respaldo de altos directivos de Canal  Isabel II, como de algunos de sus subalternos y varios testaferros,  que se encargaban de cobrar los cheques, como de contratistas que le cobraban una comisión como lo dice el Procurador, como también de la firma que utilizaban para manejar el recaudo de Santa Marta y Villavicencio “Recaudos y Tributos” cuya sede es barranquilla y hoy se llama R&T.

Resarcimiento

En la serie Brasilera los implicados, por su poder con el alto gobierno y por contar con los mejores abogados entre ellos,  plantearon como estrategia para frenar la investigación y que esta llegara hasta donde había llegado, ofrecieron el “resarcimiento” a la empresa por el daño causado de varios millones de reales, cuando se les acusaba de haberse apropiado de manera ilegal de más de US$10.000 millones. No sé si sea coincidencia el caso de la triple A con el de Brasil, ya que el señor Ramón Navarro Pereira a través de su abogado propone resarcir al Distrito con $3.000 millones de pesos, como si ese hubiera sido el daño causado al ente territorial y a los barranquilleros, que con tarifas altas hemos pagado todo el dinero que han saqueado según el  Procurador, cuya suma sobrepasa los $324.000 millones.

Asesoría técnica  que no se ejecutó según el procurador

Con relación a la asesoría técnica, el beneficiado es la empresa Inassa que recibe un 4.5% de los ingresos netos de la empresa desde el año 1.996 hasta septiembre del año 2.017, ya que el Procurador solicitó a la triple A que no pagara por la asesoría técnica debido a que en una investigación la Fiscalía, como la procuraduría y los directivos en España encontraron que esa asesoría no se estaba ejecutando.
Para disfrazar la cosa, crearon otra empresa para manejar el software, la llamaron “América TI”, que se encarga de prestar el servicio de outsourcing operativo, como asesoría técnica a las empresas en Latinoamérica de canal Isabel II.
De acuerdo a lo investigado por el procurador Fernando Carrillo, por este concepto han saqueado a la Triple A, con $227.000 millones,

¿Por qué no se capitalizaron  las inversiones del distrito?

El otro problema es el de la capitalización que se hizo en el año 1.996 y 1.997, por $15.000 millones, aparte de la venta del 43.31% del paquete accionario a valor en libro; no hubo prima de reconocimiento que es lo normalmente usado en este tipo de negociaciones. Dinero que pagaron los dueños de Inassa con un préstamo a la Fiduciaria del Banco Ganadero. Después hubo una capitalización en el año 2.006, de $65.000 millones, que fue la última,  quedando Inassa con el 82.16% de la propiedad.

Lo que llama la atención, es que se hicieron los recursos que negocio el padre Bernardo Hoyos en el año 2.000, como adelanto de las regalías para ampliar la prórroga de la concesión por 20 años, que sirvió para dotar a los sures de la ciudad del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. Para esas obras que se hicieron con plata del Distrito y del gobierno nacional quién aporto $11.000 millones de pesos, nunca se capitalizaron en cabeza del Distrito, como tampoco se han capitalizado las inversiones que el Distrito ha realizado en las distintas administraciones con los recursos del Sistema General del Participación ”SGP” o por aporte de la Nación, como los $77.365 millones, que el Minambiente entrego para  eliminar los vertimientos de aguas residuales a los caños Ahuyama, del Mercado, de las Compañías, los Tramposos, Arriba y Agromar, tal como consta en el documento CONPES 3351, donde se afirma que a través del SGP,FNR y PGN del año 1.993 al 2.004, se han invertido $279.712 millones de pesos para agua y saneamiento básico en Barranquilla.
De haberse capitalizado todas esas obras, la participación accionaria hoy fuera otra. La pregunta del millón, es porque no se capitalizaron esos recursos en cabeza del Distrito. ¿Quién explota comercialmente esos activos?

Los barranquilleros señor alcalde no podemos dar el brazo a torcer, llegó la hora de levantarnos para recuperar por la vía legal nuestra empresa, la cual nunca hemos debido permitir que se perdiera su manejo e igualmente recuperar la concesión del aseo, que se vence el 17 de noviembre del 2.018.Con esta concesión paso lo mismo, se adjudicó  por siete años a una empresa que la crearon dos meses antes de su otorgamiento “Aseo Técnico” entregándole los activos que tenía la antigua EPM , y este año cumple 25 años de estar explotando el negocio más rentable como es el del aseo, que estos últimos años le aporta a la Triple A no al Distrito el 40% de las utilidades netas, con cifras iguales o superiores a los $20.000 millones de pesos anuales. Recursos que los necesita el Distrito como renta para invertir en obras sociales.

Hay elementos suficientes para recuperar lo que fue nuestro y lo entregamos a un costo muy alto para nuestra urbe.