COSTA NOTICIAS

El justo reclamo de los departamentos y la autonomía regional. Por: José David Name

Senador de la República de Colombia.
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Primero me sumo a las voces que expresan su complacencia por la celebración de los 50 años de creación de Sucre, en donde se acaba de realizar una nueva cumbre de los 32 gobernadores colombianos agrupados en la Federación Nacional de Departamentos (FND).
En la paradisiaca zona de Coveñas, importante puerto petrolero de la Costa Caribe, se ha hecho un importante análisis respecto de la situación de la infraestructura vial, el turismo y el posconflicto, al margen de lo cual también se revisó el estado del proceso de regionalización señalado por la Constitución de 1991, que luego de 26 años nos muestra un pobre balance a raíz del poco empeño de distintos gobiernos por darle la reglamentación adecuada.
La administración de Cesar Gaviria marcó otras prioridades para consolidar la apertura económica, el gobierno de Ernesto Samper a duras penas pudo crear una consejería presidencial de regiones, el periodo de Andrés Pastrana fue escaso en estas materias, los dos cuatrienios de Álvaro Uribe Vélez se concentraron en el tema de seguridad, mientras que durante el primer mandato de Juan Manuel Santos se logró aprobar en el Congreso de la República una tímida Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, LOOT, que estipula la constitución de las Regiones de Planificación, RAP. 
Pero la LOOT en comento parece más un saludo a la bandera que la real voluntad política para desarticular un centralismo asfixiante cuyo mayor logro parece ser haberle dado rienda suelta a las prácticas que contradicen el progreso regional.josedavidname
Cada gobierno podrá decir que hizo distintos ejercicios legales para propiciar el desarrollo regional, darles participación a los profesionales hombres y mujeres de la provincia en el gabinete de ministros y otras entidades, incrementar el volumen de recursos hacia departamentos, distritos y municipios, y vincular a los sectores vulnerables a los programas de erradicación de la pobreza, entre otros aspectos. Puede que sea cierto, pero es más una política de complacencias que un verdadero propósito de asegurar un Estado regional moderno, eficiente y comprometido con el desarrollo social y económico para la gente en sus respectivas jurisdicciones.
Por eso me resulta conveniente el nuevo pronunciamiento de los gobernadores que llama la atención sobre la situación actual de la autonomía regional. Los mandatarios departamentales se han propuesto impulsar el denominado voto “Por una Colombia, País de Regiones”, para las elecciones previstas durante el mes de marzo de 2018.
La declaración en tal sentido procura avanzar hacia un acto político con efectos jurídicos vinculantes, que facilite la creación de las regiones autónomas con recursos e instituciones sólidas. De tal manera que el panorama sea más equitativo en términos de la distribución de los recursos. Los gobernadores han designado una comisión de departamentos integrada por Atlántico, Arauca y Nariño, responsable de redactar un documento que será entregado al Gobierno Nacional. En el Congreso estaremos muy atentos a ese desarrollo.
Comparto el sentir de los gobernadores cuando expresan desánimo y cansancio frente a sucesivos acuerdos con el poder nacional desde Bogotá que bajo unas supuestas autonomías terminan reforzando el criterio centralista para disminuir las inversiones dentro de asignaciones presupuestales que ahondan la brecha de la desigualdad en Colombia. Nos han querido endulzar el oído con las Regiones Administrativas de Planificación, RAP, pero solo en la Amazonía, el Caribe y el Centro se han dado algunos movimientos en esa dirección, con mucho escepticismo tal vez.
Se quejan los gobernadores de que la actual LOOT promueve las RAP pero en nada avanza hacia un modelo de Estado Regional. El Gobernador Eduardo Verano, uno de los más entusiastas en la materia, sostiene que esa ley es una “piscina sin agua”, porque pone el molde pero quita la posibilidad de contar con instituciones y recursos manejados autónomamente. 

Cada día tenemos ejemplos de cómo desde el poder central se pretende hacer lo que las regiones deberían estar ayudando a pensar. Uno de esos ejemplos es el Fondo Colombia en Paz, que desconoce en su junta directiva a un representante de los departamentos, especialmente aquellos en donde el conflicto armado ha golpeado con mayor contundencia.

Este Fondo es una de las vertebras del posconflicto, porque a través de su organización se canalizarán recursos nacionales e internacionales. Entonces es apenas normal que se reclame por los gobernadores un lugar en la instancia directiva, pero iría yo mucho más allá para proponer que el Fondo tenga unas estructuras regionales que permitan recoger los programas y proyectos que beneficiarán a la gente por grupos de departamentos.
Recientemente el Presidente Juan Manuel Santos en entrevista con el diario El Tiempo anunció que a su gobierno le hacían falta dos grandes reformas, la arancelaria y la del régimen de transferencias. Una tiene un peso específico dentro del objetivo de reimpulsar la economía y la otra es vital para eliminar la injusticia en el traslado de recursos a las regiones. El anuncio es un llamado de alerta y tenemos que estar con los ojos bien abiertos.
En lo que me corresponde soy un defensor a ultranza del proceso autonómico regional, sobre la base de acabar con el caballito de batalla de los centralistas de que no se puede hacer porque eso sería soltarle las riendas a los corruptos en la periferia, como si desde el esquema nacional no se hicieran maniobras que avergüenzan a todo el país.  Tenemos que llegar a la autonomía regional con los blindajes que sean necesarios. El tiempo que le resta al actual Congreso y los periodos que siguen a partir de 2018 con nuevo Presidente a bordo, serán esenciales dentro de este objetivo.
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