COLUMNISTAS

El presidente Duque anunció la reanudación de aspersión con glifosato y, sin demora, la presidente de la Corte Constitucional le “recordó” que las condiciones de 2017 continuaban vigentes; y ante el pedido de flexibilizarlas, respondió tajante que estaban escritas en la sentencia, como quien dice, que “lo escrito, escrito está”, para que el Gobierno no se haga ilusiones en la revisión de la sentencia de tutela que las impuso.

Yo le diría a la magistrada que no es necesario “recordarle” nada al presidente con tonito de advertencia, porque él, respetuoso de las instituciones, no ha olvidado tales condiciones, y si decide hacer el anuncio es porque, a pesar de su complejidad –la Corte abrió una puerta, pero con obstáculos, como para que nada entrara por ella–, ya tiene listos los seis protocolos, como anunció el ministro de Defensa, para entregarlos al Consejo Nacional de Estupefacientes, que decidió la suspensión en 2015 y debe resolver la solicitud de reanudación.

Como el tema volvió a la palestra, revisé la narrativa que se construyó del glifosato como enemigo de la salud pública y la naturaleza. Según ella, la aspersión se suspendió en el gobierno Santos por “los efectos adversos en la salud humana”. Primera mentira –o media verdad–, pues esos efectos “no están probados en humanos”, como precisa la clasificación de “probablemente carcinogénico” en la que incluyó al glifosato la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC), con productos como los esteroides que usan algunos deportistas, los gases automotores que inhalamos todos, y actividades como ¡peluquería! y destilación petrolera.

La segunda, esa sí mentira, es que “la salud” haya sido la causa de la decisión de Santos. La aspersión aérea se suspendió en Putumayo en 2013 por exigencia de Correa, luego en Catatumbo por exigencia de Maduro y, al final, en todo el país por exigencia de las Farc en las negociaciones. Otra cosa es que el informe de la IARC de 2015 haya caído “como anillo al dedo” para justificar la suspensión definitiva.

La tercera –media verdad– es el efecto ambiental, que lo tiene, como todo lo que consumimos y como todos los seres vivos por el hecho de existir. Muy claro se lo dijo el presidente a “The Guardian”: Si los que se dicen ambientalistas fueran coherentes, entenderían que, frente al riesgo ambiental del glifosato, regulado y controlado, es mucho mayor el daño causado por la producción de cocaína, que destruye bosques y esparce químicos sin control en áreas protegidas y fuentes de agua.

¿Qué tenemos? De una parte, un lío enorme: Un país con 200 mil hectáreas de coca, otra vez la condición paria de primer productor mundial; una sociedad consumidora; violencia rural por la guerra por cultivos y rutas; inseguridad urbana por el microtráfico y la drogadicción; instituciones contaminadas por la corrupción; y una economía distorsionada y amenazada por la descertificación.

De otra parte, un falso dilema ético, difícil de enfrentar porque toca los temas de salud y naturaleza. Acojo la “Teoría de la ponderación”, que defendió el presidente en la Corte. Poner en la balanza los derechos en conflicto, los de todos los colombianos y, entre ellos, los de tantos policías y soldados asesinados o lisiados en la erradicación manual en medio del infierno. Ellos y sus familias no son ciudadanos de segunda y también tienen derechos.

Sí. Hay que poner en la balanza el riesgo bajo de usar glifosato con controles, frente a la amenaza de permitir la devastación incontrolada de la coca, con gravísimas consecuencias sociales económicas y políticas. La amenaza de un país fallido.