POLITICA

Barranquilla, 12 de febrero de 2019.- La defensa de la ex Representante a la Cámara y senadora electa Aida Merlano, Silvio San Martín, interpuso un recurso ante el Procurador General de la Nación, quien había solicitado despojar de su investidura a la congresista a raíz del escándalo surgido por la presunta participación en compra de votos para su elección como Senadora, luego de que se demostrara con material fílmico que a la parlamentaria presuntamente le sembraron en su sede no solo un arma sino también el material electoral encontrado el 11 de marzo, día de las elecciones.

Los vídeos considerados una prueba reina, fueron entregados a la defensa por la misma Fiscalía General de la Nación dentro del material probatorios que ellos recaudaron en el allanamiento. Y fueron adjuntados como prueba para pedir la nulidad de los procesos que le siguen, no solo ante Procuraduría, sino ante el Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia.

En el caso de Procuraduría, la solicitud concreta es que se le anule el proceso iniciado por presunta compra de votos, de acuerdo a las irregularidades antes anotadas, a las que que el abogado añadió que el año pasado el Procurador le formuló cargos en ese sentido, por lo que el abogado no solo le presentó los descargos sino que también en ese momento le recordó su falta de competencia para conocer del proceso, según quedó claro en las normas constitucionales y legales en la sentencia del Consejo de Estado en el caso de Gustavo Petro en que se declaró la nulidad y restablecimiento de su derecho, es el mismo caso para quienes acceden al cargo por elección popular.

Para el caso de Aida Merlano, los cargos que le imputan deben estar reglados en una ley que diga cuales son los delitos y faltas disciplinarias, sin embargo los cargos formulados contra la senadora electa no se encuentra en ese listado. Por tanto hay incompetencia también por parte de la Procuraduría en este sentido.

“Además de pedirle la nulidad de las pruebas aportadas al proceso en el entendido del acta de allanamiento y de las demás diligencias que aportaba la Corte Suprema de Justicia al proceso penal, por lo que las pruebas presentadas  fueron consideradas por el abogado defensor no ajustada a derecho, en el entendido en que ella no pudo controvertirlas, apenas están en una etapa de investigación en el proceso penal por lo que no puede tenerse en cuenta como elemento de prueba en su contra porque no tuvo la oportunidad de defenderse al no conocerlas a tiempo. Solo hasta después de pasados los términos que dispone la ley fue notificado el abogado de la negativa, no obstante al haberse conocido el argumento se presenta una nulidad adicional, que son precisamente los vídeos por parte de la Policía y la Fiscalía en que registra en el allanamiento la incorporación de elementos materiales en su contra, certificados electorales con un listado de esos certificados en papel membreteado de la Fiscalía”, explicó San Martín.

Con el atenuante de que “desde el mismo allanamiento la misma autoridad incurrió en los delitos antes mencionado, por lo que a partir de ahí todo lo demás se cae”.

Según San Martín, la ley le señala al Procurador quien tiene en su conocimiento el proceso, un termino de 10 días hábiles para responder pero que las autoridades nunca cumplen. No obstante aseguró que se cae ese proceso. Al igual que como un castillo de naipes se deben caer los otros debido a que los vídeos han sido ya adjuntados al proceso no solo de la Procuraduría, sino también del Consejo de Estado, y en el de la Corte Suprema de Justicia, dijo para concluir.